MÉXICO, 6 may (Xinhua) -- El Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos pruebas que sustenten las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.
La petición fue enviada mediante una nota diplomática por la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a partir de una consulta jurídica de la Fiscalía mexicana.
El objetivo, explicó la mandataria, es que Washington proporcione "pruebas contundentes" que permitan a las autoridades nacionales investigar conforme a la ley.
Las acusaciones contra Rocha Moya y el resto de los implicados fueron dadas a conocer el pasado 29 de abril por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que los vincula con actividades ilícitas.
Sin embargo, Sheinbaum cuestionó la solidez de los elementos presentados, al señalar que incluyen documentos sin sustento jurídico suficiente, como una hoja con cifras presuntamente relacionadas con sobornos atribuidos al grupo criminal "Los Chapitos".
"Lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página testeada con una nota escrita a mano", afirmó la presidenta durante su conferencia matutina, al reiterar que México no actuará bajo presiones externas sin evidencia sólida.
Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que su gobierno "no va a cubrir a nadie", pero exigió respeto a la soberanía nacional.
"La presidenta no cubre a nadie, a nadie. No importa el partido político que sea", afirmó Sheinbaum, al aclarar que cualquier proceso de detención con fines de extradición corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República, órgano autónomo encargado de conducir las investigaciones.
La mandataria descartó que el caso tenga implicaciones inmediatas en la relación bilateral o en acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y enfatizó que la Presidencia no tiene facultades para ordenar detenciones.
"¿Saben qué debe hacer la presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y debe defender la soberanía. Eso es lo que debe hacer la presidenta y apoyar a los pobres y seguir trabajando todos los días para construir una sociedad más justa", asentó.
El caso mantiene la atención diplomática y mediática mientras se espera la respuesta oficial de Estados Unidos a la solicitud de pruebas presentada por el Gobierno mexicano.
