LA HABANA, 8 abr (Xinhua) -- El Gobierno de Cuba publicó hoy miércoles un decreto que modifica el funcionamiento de las instituciones que dependen del presupuesto estatal en busca de reorganizar la administración central del país y responder al programa económico previsto para 2026.
Las nuevas disposiciones afectan a organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y administraciones locales del Poder Popular en cada uno de los territorios del país, así como a sus estructuras subordinadas.
Berta Iris Rojas, directora de políticas financieras del Ministerio de Finanzas y Precios de la isla, calificó la decisión como "una medida de alto impacto" durante una explicación en el programa televisivo Mesa Redonda.
La funcionaria precisó que el alcance llega a más de 2.000 unidades presupuestadas, las cuales agrupan más del 50 por ciento de la fuerza laboral activa en Cuba.
"Hasta ahora no existía una definición jurídica para este ámbito, algo que el decreto corrige al otorgar personalidad jurídica a la gestión financiera de las entidades", explicó Rojas.
El nuevo texto legal persigue reducir la carga que representa el sostenimiento de gastos administrativos para el presupuesto estatal, según detallaron las autoridades.
"Desde el punto de vista social, queremos buscar una mayor eficiencia en los recursos humanos que tribute a un justo reconocimiento laboral en cada uno de los centros", señaló la funcionaria.
Uno de los cambios más relevantes es la autorización para que las entidades realicen actividades autofinanciadas sin requerir fondos del Estado, cumpliendo con obligaciones fiscales.
El decreto también refuerza la figura de las unidades con tratamiento especial, a las que se otorgan niveles de autonomía similares a las del sistema empresarial y podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y disponer de ellas para su desarrollo, incluyendo partidas para vivienda o reaprovisionamiento.
"Estamos logrando una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal", aseguró Rojas y aclaró que este tratamiento no aplica a sectores de alto impacto social como la salud y la educación, sino a actividades como determinados registros y servicios especializados.
La norma entra en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta de la República de Cuba y otorga un plazo de hasta un año para su implementación total en todos los organismos y territorios.
Cuba apuesta por diversificar su economía más allá de los sectores tradicionales, y este decreto se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la reciente autorización de empresas mixtas nacionales, según informó el sitio oficial Cubadebate.
