RÍO DE JANEIRO, 20 feb (Xinhua) -- El presidente interino de Brasil, Geraldo Alckmin, afirmó hoy viernes que el Gobierno espera concluir en cuestión de semanas el proceso de internalización del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).
De acuerdo con el también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, la comisión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en la Cámara de Diputados brasileña debe analizar el próximo 24 de febrero la incorporación del tratado al ordenamiento jurídico nacional.
Tras su eventual aprobación en esa instancia, el acuerdo será remitido al pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado Federal. Una vez ratificado por el Congreso y firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el tratado podrá entrar en vigor en Brasil, generando sus primeros efectos económicos y comerciales.
Alckmin sostuvo que el acuerdo reúne a los 27 países de la Unión Europea y a los cuatro Estados miembros del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- además de Bolivia, que se encuentra en proceso de adhesión al bloque sudamericano.
El vicepresidente brasileño, quien es presidente en funciones debido al viaje oficial de Lula da Silva a la India, destacó que el tratado abarca un mercado estimado en cerca de 22.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una iniciativa estratégica para ampliar el comercio exterior, atraer inversiones y fortalecer la integración productiva entre ambas regiones.
"Es un acuerdo muy importante, y esperamos la internalización en cuestión de semanas", señaló el mandatario interino al referirse al avance del proceso legislativo necesario para su implementación en el país.
La Representación Brasileña en el Parlasur retomará en los próximos días el análisis del Acuerdo Provisional de Comercio entre el Mercosur y la UE, cuyo informe favorable ya fue presentado por el diputado Arlindo Chinaglia, presidente de la delegación brasileña en el organismo regional.
El acuerdo entre ambos bloques fue firmado formalmente en enero de 2026, tras más de dos décadas de negociaciones, y aún depende de la ratificación parlamentaria tanto en los países sudamericanos como en las instituciones europeas para su entrada en vigor definitiva.
