Por Sebastián Schulz
La agresión artera y vil de Estados Unidos, ordenada por Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, junto con la captura ilegal del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, produjo una profunda conmoción profunda en la comunidad internacional.
No se trata solamente de un nuevo episodio de agresión unilateral del país norteamericano contra un Estado soberano, sino de un hecho que volvió a colocar en primer plano el debate sobre la vigencia real del derecho internacional y la fragilidad de los principios de soberanía y no injerencia en el actual sistema mundial.
Este ataque, sin embargo, no es un hecho aislado ni coyuntural, sino la expresión de una combinación de factores estructurales que caracterizan el orden internacional contemporáneo.
En él se entremezclan elementos profundamente arraigados en la lógica histórica del poder estadounidense con un proceso de cambio sistémico del poder mundial. Este cambio tiene como rasgo central la crisis estructural de la hegemonía estadounidense y el ascenso de nuevos polos de poder que buscan democratizar las decisiones internacionales, ponderando principios de relacionamiento interestatal más cooperativos e igualitarios.
En este sentido, propongo sintéticamente tres dimensiones para analizar la avanzada estadounidense sobre Venezuela. A partir de este análisis, se vuelve ineludible una reflexión sobre la importancia urgente de la integración regional como herramienta central para que América Latina y el Caribe puedan enfrentar los desafíos geopolíticos del presente.
En primer lugar, es conocida la dimensión energética como motivación prioritaria de la invasión. Con la excusa de supuestos vínculos con el terrorismo internacional, Donald Trump llevó adelante una operación tan fugaz como ilegal, cuyo objetivo principal (dicho por los propios protagonistas) es recuperar el control de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Estados Unidos, en su objetivo de recomponer su capacidad hegemónica perdida, busca controlar de forma directa el petróleo venezolano para entregárselo a las grandes empresas estadounidenses, con el objetivo de definir los precios internacionales, la moneda en la que se intercambia y los destinos del mismo. El objetivo último no es meramente económico, se trata también de frenar el proceso de industrialización que viene desarrollando una parte considerable del Sur Global, y cortar el grifo de petróleo es una forma de bloquear ese proceso.
En segundo lugar, la agresión apunta a desestabilizar los procesos de integración regional latinoamericanos. En este sentido, golpear a Venezuela implica lanzar una amenaza contra cualquier intento de construcción de autonomía política, económica o estratégica respecto de Washington, así como bloquear el impulso de proyectos regionales que busquen articular respuestas propias frente a las presiones externas. Donald Trump y Marco Rubio fueron claros cuando dijeron que los próximos objetivos serían Cuba, México y Colombia, y por supuesto Brasil también aparece en el radar.
Finalmente, en tercer lugar, el ataque debe comprenderse en el marco más amplio de la transición hacia un orden mundial multipolar. Venezuela es un actor relevante en las articulaciones Sur-Sur y en su vinculación con potencias emergentes como China, Rusia, Irán y los BRICS en general. Atacar Caracas es, en ese sentido, una forma de enviar un mensaje disciplinador al conjunto del Sur Global.
Esta política expresa, de manera abierta y expuesta, un renovado injerencismo que se enmarca en el "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe, definido en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2025. En dicho documento, América Latina y el Caribe son concebidos como "nuestro hemisferio", por lo que la subordinación de los países de la región aparece como un componente central del interés nacional de los Estados Unidos.
Este escenario se ve agravado por el profundo proceso de fragmentación política e ideológica que atraviesa América Latina y el Caribe desde hace por lo menos diez años. Esto anticipa un escenario regional de alta conflictividad, en donde la ausencia de una estrategia latinoamericana coordinada deja a los países de la región extremadamente vulnerables frente a las dinámicas de intervención directa o indirecta.
En este marco, los desafíos son mayúsculos, y la región latinoamericana parece posicionarse en el centro del tablero geopolítico a partir de enero de 2026.
La transición hacia la multipolaridad plantea un desafío central: el rol de las regiones en el nuevo orden mundial. En la geopolítica del siglo XXI, las regiones no son meras construcciones geográficas, sino unidades históricas, políticas y civilizatorias, definidas por una identidad, una memoria común y patrones compartidos de relacionamiento. En este marco, América Latina y el Caribe constituyen una unidad geográfica, cultural, histórica y civilizatoria.
América Latina y el Caribe no comparte una unidad civilizatoria con Estados Unidos, y por lo tanto no es parte de "su hemisferio". El hecho de compartir una frontera geográfica con México no implica una identidad común con la región. Mientras la historia estadounidense está marcada por el expansionismo, el imperialismo y el intervencionismo, la historia latinoamericana está atravesada por la lucha contra el colonialismo, la búsqueda de modelos de desarrollo autónomos y el anhelo de integración regional.
Por ello, América Latina y el Caribe no es propiedad de Estados Unidos, por lo que el país norteamericano no tiene derecho de arrogarse ninguna potestad sobre el destino de la región. América Latina y el Caribe es parte estructural del Sur Global y debe articularse con el resto del mundo emergente y en desarrollo en la construcción de un futuro compartido, basado en la cooperación, la soberanía y el respeto mutuo.
Esta preocupación no es nueva. Desde las primeras independencias, figuras como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José Martí, Manuel Ugarte y, más tarde, Juan Domingo Perón, plantearon la necesidad de construir una Patria Grande capaz de enfrentar las presiones de las potencias del Norte Global.
Perón, desde Argentina, advertía que el mundo avanzaba hacia la conformación de grandes espacios continentales y que América Latina solo podría garantizar su soberanía si lograba constituirse como una unidad de dimensiones continentales. Esta visión fue profundizada por pensadores como Alberto Methol Ferré, quien habló del "Estado Continental Industrial" como condición mínima para participar con autonomía en las disputas globales de poder.
Las experiencias más recientes de integración, como el ALBA, la UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, el SUCRE o el Banco del Sur, apuntaron justamente a ampliar los márgenes de soberanía regional frente a un sistema internacional cada vez más conflictivo.
En un orden internacional donde los espacios regionales ganan protagonismo, la integración no es una opción ideológica, sino una condición indispensable para la soberanía. Sin unidad regional, América Latina seguirá siendo objeto de disputa. Solo mediante la integración, la región podrá resistir la avanzada injerencista de Estados Unidos y convertirse en un actor con voz propia en la construcción del nuevo orden mundial multipolar.
En este marco, la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados deben ser las condiciones fundamentales para la cooperación.
Solo sobre estas bases será posible avanzar hacia la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, capaz de ofrecer respuestas colectivas a los desafíos globales del presente y del futuro.
(Sebastián Schulz es un sociólogo argentino e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
