LA PAZ, 24 sep (Xinhua) -- La justicia boliviana ordenó congelar las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos, y de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), por el incumplimiento de una sentencia constitucional que obliga al Estado a garantizar la estabilidad estructural del Cerro Rico de Potosí, uno de los yacimientos más emblemáticos del país y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La sentencia de la Sala Constitucional Primera de Potosí, divulgada hoy miércoles por la prensa local, dispuso que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ejecute la medida contra el ministro Santos; el presidente de la estatal Comibol, Reynaldo Pardo, y el gerente regional de Comibol en Potosí, Iván Fuertes, hasta que se acrediten acciones concretas para cumplir la Sentencia Constitucional 1062/2022.
El fallo también advierte que, de persistir el incumplimiento, se aplicarán multas económicas progresivas y se remitirá el caso al Ministerio Público.
La sentencia ordenaba estabilizar las zonas más vulnerables del macizo rocoso y trasladar las operaciones mineras por encima de la cota 4.700 metros, con el fin de reducir el riesgo de colapsos.
El tribunal otorgó un plazo de un mes para que las autoridades presenten evidencias de medidas de mitigación adoptadas en la montaña.
El Cerro Rico, situado en la ciudad colonial de Potosí, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Sin embargo, el organismo internacional ha emitido reiteradas advertencias sobre el deterioro del sitio debido a más de cinco siglos de explotación minera.
La montaña, considerada símbolo de la riqueza y el sufrimiento durante la colonia, enfrenta hoy una creciente inestabilidad con al menos 144 hundimientos registrados, de los cuales 55 son monitoreados mediante técnicas de relleno seco para evitar derrumbes.
Pardo aseguró recientemente que se trabaja en coordinación con la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) y la Gobernación para trasladar más de 420.000 toneladas de desechos metalúrgicos hacia la cúspide del macizo, para reforzar la estructura geológica.
Técnicos responsables del plan de estabilización señalaron que se habilitaron vías de acceso y puntos de supervisión permanentes sobre la cota 4.400 metros para controlar la morfología de la montaña.
Pese a estos esfuerzos, el Comité Cívico Potosinista interpuso una acción legal alegando incumplimiento de la sentencia constitucional de 2022, lo que derivó en el congelamiento de los fondos de los principales responsables del sector.
