BOGOTÁ, 18 sep (Xinhua) -- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó hoy jueves a 12 exmilitares a sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, por su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005 en la costa Caribe, durante el conflicto armado.
Se trata de la primera sentencia del tribunal, creado tras el Acuerdo de Paz de 2016, contra exintegrantes del Ejército por los denominados "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate para "inflar" logros militares.
De acuerdo con la sentencia firmada por la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad y quien lideró la etapa de juicio dialógico del subcaso, los exmiembros de la fuerza pública utilizaron los recursos del Estado para participar en una "estructura criminal diseñada para mentir, desaparecer y presentar como legítimas estas violencias".
"Muchas de las víctimas también fueron desaparecidas y, en algunos casos, torturadas y perseguidas", señala el documento, que destaca que los responsables de estos hechos "se han comprometido a contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los crímenes".
Los 12 exmilitares pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 "La Popa", de Valledupar, deberán participar activamente en la reconstrucción de la memoria histórica, acciones de restauración ambiental, obras de infraestructura social o actividades productivas locales.
Durante la presentación del informe, la magistrada Ochoa Arias señaló que "con esta sentencia, la JEP no solo cumple con su mandato judicial, sino que también fortalece la legitimidad democrática y reafirma que la paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición".
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, destacó que los hechos cometidos en la costa Caribe muestran cómo el conflicto "no solo se valió de los más vulnerables, de aquellos que nunca pensaron que iban a buscar justicia".
"Sino de los pueblos indígenas, quienes, en su diferencia y en su idiosincrasia, se convirtieron en objetivo recurrente de la estigmatización y del señalamiento, excusas que sirvieron para alentar la comisión de estos crímenes y asegurar su impunidad", dijo.
En tanto, Raúl Rosende, jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, aseguró que la ONU aplaude las sentencias emitidas por la JEP en esta semana que son históricas y que continúa comprometida con la paz en Colombia de una manera independiente e imparcial a través del monitoreo de la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con cifras oficiales de la JEP, 6.402 personas fueron asesinadas por agentes del Estado entre 2002 y 2008 y presentadas como "bajas en combate" en el marco del conflicto armado colombiano.
El veredicto se da dos días después de la sentencia restaurativa contra siete exjefes del Secretariado de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes relacionados con el secuestro y el trato a víctimas en cautiverio.
