BUENOS AIRES, 11 jul (Xinhua) -- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó hoy viernes las condiciones en las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) debe cumplir prisión domiciliaria, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la obligatoriedad de pedir autorización para visitas que no sean las de su círculo íntimo.
Además, el tribunal que integran los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmó por unanimidad que la presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronismo) podrá seguir cumpliendo prisión domiciliaria en el departamento del barrio porteño de Constitución, en la zona sur de la capital.
Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el 10 de junio pasado una condena a seis años de cárcel en su contra por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, decisión que incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La denominada "causa Vialidad" ha investigado irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas de Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner, quien ha rechazado las decisiones judiciales en su contra y las atribuyó a una persecución política.
En ese marco, la defensa de la dirigente realizó una serie de planteos sobre las condiciones de detención, cuestionamientos que fueron resueltos este viernes por la Cámara Federal de Casación Penal.
Sobre la tobillera electrónica, por mayoría de 2 (Hornos y Barroetaveña) a 1 (Borinsky), el Tribunal decidió que Fernández continúe con su uso ya que "no se ha incorporado elemento probatorio alguno que acredite la existencia de un impedimento material, técnico o médico que torne inviable o desaconsejable la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica en el caso de la condenada".
Borinsky, por su lado, opinó que deberían quitarle el dispositivo electrónico a la expresidenta por considerarlo innecesario para garantizar el cumplimiento de la pena ya que se trata de una persona pública y que tiene custodia permanente, condición suficiente para un control efectivo de la pena.
Sobre las visitas, los jueces Hornos y Barroetaveña confirmaron las restricciones vigentes, de modo que quien desee visitar a la expresidenta y no sea parte de su círculo más cercano deberá enviar una solicitud que será evaluada por el tribunal.
"No puede considerarse arbitrario ni desproporcionado que se exija autorización previa para el ingreso de personas ajenas al núcleo familiar o profesional inmediato", plantearon los jueces.
Actualmente tienen permiso para ingresar la familia de la dirigente, sus abogados, sus médicos y un grupo de asesores y colaboradores personales.
Borinsky, en cambio, rechazó las restricciones a las visitas al considerar que esa situación no está prevista por ninguna norma y se vulneran derechos constitucionales.
El pasado tres de julio la dirigente tuvo la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien recibió el permiso judicial para ver a la detenida.
