TEGUCIGALPA, 8 jul (Xinhua) -- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó hoy martes su rechazo a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficiaba a decenas de miles de migrantes hondureños, calificando la medida como "un duro golpe" y resultado de una estrategia política.
"La cancelación del régimen de protección temporal (TPS) es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política, y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza: no están solos", afirmó la mandataria en su cuenta de la red social X.
El pronunciamiento de la jefa de Estado se produjo luego de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunciara el fin del TPS para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, una medida que entrará en vigor el próximo 6 de septiembre y afectará a unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que residen en territorio estadounidense desde finales de la década de 1990.
El TPS fue otorgado inicialmente tras la devastación causada por el huracán Mitch en 1998, que dejó más de 10.000 muertos en Centroamérica.
Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, argumentó que Honduras y Nicaragua "han logrado una recuperación significativa".
"El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal", declaró Noem en un comunicado.
Ante este contexto, la presidenta Castro aseguró que ha instruido a la cancillería hondureña a "utilizar todos los recursos que permite la ley" y a "redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos".
"El Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva, y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales", agregó.
Diversas organizaciones de migrantes han manifestado su preocupación por el impacto de la medida en familias que han vivido por más de dos décadas en Estados Unidos, donde muchos han construido hogares, desarrollado negocios y contribuido a la economía local.
Analistas advierten que la cancelación del TPS podría desencadenar una serie de deportaciones con importantes implicaciones humanitarias y sociales para la región centroamericana.
