QUITO, 13 jun (Xinhua) -- El Gobierno de Ecuador pidió hoy viernes apoyo técnico al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para combatir el reclutamiento de menores por parte de bandas del crimen organizado, en medio de una crisis de inseguridad que golpea al país sudamericano.
La vicepresidenta María José Pinto hizo el pedido durante una reunión con el representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli, en la que también participaron los ministros del Interior y de Inclusión Económica y Social, indicó su despacho en un comunicado.
"La vicepresidenta propuso que Unicef asesore en los procesos técnicos y de articulación institucional para enfrentar esta grave problemática", que afecta a Ecuador, apuntó.
"El reclutamiento forzado o inducido de niños, niñas y adolescentes es una problemática compleja que exige respuestas integrales y urgentes desde los gabinetes de seguridad y social", dijo Pinto, citada en el comunicado.
Añadió que, durante la reunión, Unicef Ecuador presentó datos levantados en comunidades donde se han identificado casos de reclutamiento de menores por factores de riesgo como la pobreza extrema, la falta de acceso a educación, oportunidades laborales y la ubicación territorial de las familias afectadas.
Según datos de la Vicepresidencia de la República, en Ecuador, ocho de cada 10 homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes ocurren en las provincias costeras de Guayas y su capital Guayaquil (actual epicentro de la violencia criminal), Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.
Entre 2021 y 2023, las detenciones de adolescentes de 12 a 17 años por su vinculación al crimen organizado se incrementaron en un 20 por ciento.
"Nueve de cada 10 menores detenidos son hombres, y el involucramiento en redes delictivas crece, especialmente en la región litoral", precisó la fuente.
La reunión con el representante de Unicef se produjo después de que el pasado 5 de junio, el presidente Daniel Noboa, declaró vía decreto como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales.
En el decreto se creó un comité que se encargará de formular, conocer, implementar y ejecutar políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias para cumplir con lo dispuesto por el mandatario.
