LA PAZ, 2 dic (Xinhua) -- La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de Bolivia manifestó hoy lunes su rechazo a una disposición incluida en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que permite al Gobierno intervenir en las cadenas productivas para combatir el agio y la especulación.
La CAO, organismo que representa a la agroindustria en Bolivia, advirtió en un comunicado que la medida anunciada por el Gobierno podría destruir las "cadenas productivas" y afectar de manera directa a la población.
"La producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones", señaló.
"Por el contrario, la realidad nos muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos", agregó.
Los agroindustriales subrayaron que la insuficiencia en el consumo interno ha llevado a la importación en grandes cantidades de alimentos como arroz y maíz.
Denunciaron, asimismo, que el contrabando, problema que afecta de manera grave a la producción nacional, no ha tenido una atención efectiva por parte de las autoridades.
"No somos partidarios de la especulación y todo lo ilegal se debe combatir, así como por años venimos pidiendo que se controle el contrabando que afecta a la producción nacional y nunca se hizo nada", enfatizó la CAO.
El sector de la agroindustria expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan pequeños, medianos y grandes productores, afectados por normativas que para ellos fomentan "la presión y la extorsión".
La CAO instó a los legisladores a excluir la disposición del PGE 2025 que permite la intervención indiscriminada en las cadenas productivas, al alertar que ello podría marcar un punto de inflexión con consecuencias para la economía nacional.
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, defendió el domingo la disposición que autoriza acciones de control, fiscalización, decomiso y comercialización de productos almacenados con fines de especulación.
Silva dijo que la disposición permitirá que instituciones a nivel nacional, departamental y municipal puedan fiscalizar las cadenas productivas y así evitar el encarecimiento injustificado de productos esenciales.
El viceministro ejemplificó con el caso del arroz, cuyo precio aumenta de manera injustificada bajo el argumento de "escasez artificial".
El Gobierno de Bolivia asegura que la medida busca frenar prácticas especulativas y garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios justos.
