LA PAZ, 11 sep (Xinhua) -- El Defensor del Pueblo en Bolivia, Pedro Callisaya, presentó hoy miércoles una Acción Popular ante la justicia contra ministros, gobernadores y alcaldes, acusándolos de inacción ante los incendios forestales que arrasan el oriente del país, los cuales han devastado más de 3,8 millones de hectáreas.
Callisaya denunció que la falta de medidas preventivas y las respuestas insuficientes por parte de las autoridades de los tres niveles del Estado han agravado la crisis ambiental.
"Nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar medidas preventivas en su momento", afirmó el defensor ante los medios.
La denuncia está dirigida a los ministros de Medio Ambiente, Salud y Economía, así como a los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Pando, y a 12 alcaldes de municipios severamente afectados por el fuego, especialmente en la Amazonia y Chaco boliviano.
El panorama es desolador. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las llamas han consumido más de 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales. En algunas áreas, las líneas de fuego alcanzan hasta 30 kilómetros de extensión, dejando tras de sí una emergencia ambiental y sanitaria sin precedentes.
La calidad del aire ha alcanzado niveles peligrosos en departamentos como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pando y Potosí, debido a la alta concentración de partículas tóxicas. Esta situación ha empeorado la salud pública, con índices de contaminación que han llegado a ser calificados como "muy malos" e incluso "extremadamente malos".
Callisaya enfatizó que los incendios no son un fenómeno inesperado, sino que se podrían haber previsto por los antecedentes de años anteriores. La Acción Popular solicita que la justicia obligue a las autoridades a actuar con urgencia para evitar un agravamiento de la situación.
Además del impacto ecológico, el defensor puso especial énfasis en las comunidades indígenas desplazadas por el fuego, exigiendo que se les ofrezcan las condiciones necesarias para retornar a sus tierras y reconstruir sus hogares. También hizo un llamado para priorizar la atención a las áreas protegidas y parques nacionales, que han sufrido daños irreparables.
Con esta acción judicial, el Defensor del Pueblo busca que todos los niveles del Estado tomen medidas inmediatas y contundentes, no solo para mitigar los efectos de los incendios, sino también para implementar una estrategia integral que asuma responsabilidades y garantice la prevención a futuro.
De acuerdo con la Constitución, la Acción Popular procede contra cualquier acto u omisión de las autoridades o de personas que violen o amenacen derechos e intereses colectivos relacionados con el medioambiente, la seguridad y la salud pública, y otros derechos de similar naturaleza.
La denuncia puede ser interpuesta por cualquier persona, o de forma obligatoria por el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando conozcan de estos actos en el ejercicio de sus funciones.
