BRASILIA, 9 abr (Xinhua) -- El Gobierno de Brasil estableció los principios que regulan los derechos de los niños y los adolescentes en el ambiente digital, a través de una resolución del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía publicada hoy martes en el Diario Oficial.
La resolución responsabiliza a los poderes públicos, a las familias, a la sociedad y a las empresas por la garantía y el cumplimiento de los derechos de los niños y los adolescentes para su protección integral.
Define el ambiente digital, "tecnologías de información y comunicación (TIC), como redes, contenidos, servicios digitales y aplicaciones disponibles en el ambiente virtual (internet); dispositivos y ambientes conectados; realidad virtual y aumentada; inteligencia artificial (IA); robótica; sistemas automatizados, biometría, sistemas algorítmicos y análisis de datos".
La resolución publicada por el Gobierno este martes señala que el acceso a todos los contenidos y servicios debe estar garantizado a los menores de 18 años, quienes tienen derechos como el desarrollo, la libertad de expresión y el ejercicio de la ciudadanía priorizados, y con la garantía de que sus datos estarán protegidos.
La norma también hace hincapié en la protección contra toda forma de abandono, discriminación, violencia, crueldad, opresión y explotación, incluida la explotación comercial.
El documento fue publicado en un contexto marcado por polémicas declaraciones del empresario sudafricano Elon Musk, propietario de la red social X (antes Twitter), que atacó a un juez de la Corte Suprema y amenazó con no cumplir con exigencias de la Justicia brasileña.
En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, Luiz Roberto Barroso, dijo que todas las empresas que operan en Brasil deben sujetarse a la Constitución y a las leyes, y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó que "es inevitable" que las redes sociales sean reglamentadas.
La resolución también establece que las empresas que prestan servicios digitales deben adoptar medidas para combatir la exclusión digital, la inferiorización y la discriminación ilegal o abusiva, ya sea directa o indirecta.
Los poderes públicos y la sociedad, a su vez, tienen el deber de garantizar, ante todo, la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información "segura, fiable y completa".
La vulneración de los derechos de los niños y adolescentes incluye la exposición a contenidos o contratos que supongan un riesgo para esta población.
Entre los riesgos citados están los contenidos violentos y sexuales, ciberagresiones o ciberacoso, incitación al odio, acoso, productos adictivos, juegos de azar, explotación y abuso sexual y comercial, incitación al suicidio, autolesiones, publicidad ilícita o actividades que fomenten y expongan a las personas a riesgos para su vida o integridad física.
La norma también incluye la participación de los menores de 18 años en la elaboración de políticas públicas sobre el entorno digital, que es responsabilidad de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía y del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente.
Las empresas que actúan en el ambiente digital también tienen la responsabilidad de enviar las denuncias de violaciones de derechos al Defensor Nacional de los Derechos Humanos, a través del Dial 100, y también a las autoridades del Sistema de Garantía de Derechos, como consejos tutelares y autoridades policiales.
La falta de envío de las denuncias hará que los involucrados sean responsables de acuerdo con las sanciones previstas en el Estatuto del Niño y del Adolescente, independientemente de que la omisión sea culposa o dolosa, es decir, que haya o no intención de obstaculizar la denuncia.
