BUENOS AIRES, 5 jun (Xinhua) -- La Justicia Federal de Argentina sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su administración como presidenta (2007-2015) participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario cercano a su entorno.
El juez federal Sebastián Casanello adoptó la decisión de finalizar el proceso contra la dirigente luego de que, días atrás, las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, organismo de impuestos) se pronunciaron en ese sentido, tras coincidir con la fiscalía en la falta de pruebas.
"Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer, acompañada por el resto de las agencias estatales, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos", dijo el magistrado.
Con la medida del juez Casanello la acusación quedó archivada en la causa que se había iniciado en el año 2013.
El 24 de mayo pasado, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, "retiró su acusación contra Cristina E. Fernández", recordó Casanello y, frente a esta solicitud y tras ser consultadas las dos querellas (UIF y AFIP), "ambas agencias compartieron la solución postulada", añadió el magistrado.
La investigación buscaba determinar la participación de la dirigente política en un esquema de lavado de dinero por alrededor de 55 millones de dólares, hecho por el que resultó condenado a 10 años de prisión el empresario Lázaro Báez, considerado por la prensa local como cercano al entorno de la vicepresidenta.
Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una investigación por defraudación al Estado durante su mandato. El fallo fue apelado por la defensa de la vicepresidenta.
El empresario Báez fue condenado también a seis años de prisión en ese expediente, en el que se investigó la adjudicación presuntamente irregular de 51 obras públicas en favor del grupo Austral Construcciones de su propiedad, con fondos federales en la provincia de Santa Cruz (sur).
