Ello incluye abrir expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias, que deberá estar a disposición de cualquier persona pública.

La autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estarán obligados a tener en mano esta información de manera pública, e incluyen órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

En ese sentido, Peña Nieto dejó en claro que la transparencia y rendición de cuentas "son indispensables en la democracia", y por ello, abundó, quien no lo haga, dentro de esta nueva ley "se incorporan quince nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública".