BEIJING, 28 feb (Xinhua) -- Las medidas generadas el viernes por el máximo comité de planeación y reforma de China para poner en una lista negra y sancionar a funcionarios que interfieren en casos judiciales constituyen otro signo del rápido avance del Estado de derecho.

Una regulación adoptada durante una reunión del Grupo Central Dirigente de la Continuación Integral de la Reforma indica que los funcionarios que interfieran en casos de tribunales serán responsabilizados y sus nombres se darán a conocer públicamente.

Como parte de un amplio paquete de reforma legal adoptado en una sesión clave del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en octubre pasado, las reglas son un paso crítico para garantizar la independencia del poder judicial luego de que funcionarios de diversas partes del país han sido criticados por entrometerse en casos e infringir los derechos de los ciudadanos.

También es considerado como una acción concreta para hacer que su poder judicial sea más profesional y justo, que el plan de reforma del Tribunal Popular Supremo (TPS) incluya 65 medidas de reforma legal, incluyendo el establecimiento de comités a nivel central y provincial para sancionar a jueces que violen las reglas y para que lleven a cabo juicios más transparentes a través de transmisiones en vivo o con actualización en redes sociales.

Según el plan, que fue anunciado el jueves, el máximo tribunal también prohíbe a los tribunales llevar a los acusados a juicio con los uniformes de la prisión para evitar procedimientos legales prejuiciados. En China, los acusados a menudo son presentados en las salas del tribunal con grilletes y vistiendo con el uniforme naranja de la prisión.

Esas detalladas medidas son posteriores a la inauguración de dos tribunales de circuito por parte del TPS a finales de enero, para acercar la justicia a las personas comunes.

Todo esto demuestra la determinación de China de que la construcción de una sociedad y un gobierno que acaten las leyes no son palabras vacías, rechazando los reportes de la prensa occidental de que los esfuerzos de China para seguir el Estado de derecho son en vano.

El hecho del avance del principio del Estado de derecho es una parte de los "Cuatro Integrales", que se refiere a una base estratégica presentada por el presidente Xi Jinping para la renovación nacional, que también subraya que el proceso se facilitará.

Los "Cuatro Integrales" se refieren a "la sociedad modestamente acomodada en una forma generalizada", "profundizar la reforma de una forma integral", "avanzar integralmente en el Estado de derecho", y "gobernar estrictamente de forma integral el Partido".

El avance del Estado de derecho y la profundización de la reforma son considerados dos ruedas que impulsan a la nación a concluir la construcción de una sociedad modestamente acomodada en una forma generalizada, un proyecto original redactado en noviembre de 2012, cuando el gobierno chino prometió duplicar su producto interno bruto (PIB) de 2010 y el ingreso per cápita tanto para residentes urbanos como rurales para el año 2020.

Catapultar una nación largamente arraigada en una tradición de gobierno de hombres para convertirla en una sociedad que acate leyes, es una revolución que tendrá un impacto de largo alcance.

Cuando los legisladores de China se reúnan en Beijing la próxima semana para las reuniones anuales de la Asamblea Popular Nacional (APN), la máxima legislatura del país, el proceso del Estado de derecho seguramente tendrá otro impulso.