LA PAZ, 20 jun (Xinhua) -- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el territorio nacional con el objetivo de restablecer la libre circulación en las carreteras bloqueadas desde hace más de 50 días, una crisis que ha provocado severos daños económicos y sociales y que llevó al Gobierno a adoptar la medida más drástica desde el inicio del conflicto.
La decisión fue anunciada durante un mensaje a la nación emitido en la madrugada, apenas horas después de que el Gobierno lograra un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país y uno de los líderes de las movilizaciones. Sin embargo, el entendimiento no logró desactivar el núcleo más duro de las protestas impulsadas por las organizaciones campesinas que mantienen bloqueadas las principales rutas del occidente y del centro del país y que continúan exigiendo la renuncia del mandatario.
"Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica y abastecerse", afirmó Paz, al justificar una decisión, que otorga facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad policial y militar para garantizar la libre circulación.
El decreto, con vigencia inicial de 90 días, prohíbe bloqueos de carreteras, restringe temporalmente concentraciones masivas sin autorización previa y habilita a la Policía y a las Fuerzas Armadas a realizar arrestos temporales para poner a disposición de la justicia a quienes incumplan las disposiciones.
La declaración llega tras casi dos meses de una crisis que comenzó con demandas sociales y salariales, pero que derivó en una confrontación política más amplia. Durante ese tiempo, decenas de carreteras permanecieron cerradas, afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales y generando pérdidas económicas millonarias, con estimaciones de un impacto equivalente al cinco por ciento del Producto Interno Bruto.
El mandatario sostuvo que previamente agotó las instancias de diálogo con sindicatos, transportistas, productores y organizaciones sociales, y aseguró que la mayoría de los sectores aceptó acuerdos. No obstante, denunció que algunos grupos decidieron mantener los bloqueos pese a los avances registrados.
En el tramo más duro de su discurso, Paz acusó a sectores vinculados al Chapare de Cochabamba, reducto donde se refugia el expresidente Evo Morales, de impulsar una estrategia destinada a desestabilizar al Gobierno y sostuvo que el conflicto dejó de responder a reivindicaciones sociales legítimas.
"Lo que hoy enfrenta Bolivia ya no es una protesta social. Es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia", afirmó. Incluso calificó la situación como un "intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo", una expresión que anticipa un escenario de creciente confrontación política.
La orden presidencial instruye a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para despejar las carreteras y restablecer el tránsito en todo el país. La decisión podría derivar en los próximos días en intervenciones directas en los puntos de bloqueo que permanecen activos, principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba.
El anuncio se produce en un momento particularmente delicado. Horas antes, el Gobierno había presentado como un avance significativo el acuerdo alcanzado con la COB, que instruyó el levantamiento de sus medidas de presión y aceptó abrir una etapa de diálogo de 90 días. Sin embargo, las organizaciones campesinas rechazaron sumarse al entendimiento y mantuvieron una posición intransigente respecto a los bloqueos.
Esa resistencia terminó inclinando la balanza hacia una medida excepcional que ahora deberá ser revisada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según la normativa boliviana, el decreto entra en vigencia de manera inmediata, aunque el Legislativo dispone de 72 horas para ratificarlo o rechazarlo.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la medida busca recuperar la normalidad y evitar mayores daños económicos. Paz aseguró que más de 250.000 trabajadores fueron afectados por la paralización de actividades y lamentó las pérdidas humanas registradas durante el conflicto.
"Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente", sostuvo.
La declaración abre una nueva fase de la crisis boliviana. Tras 50 días de bloqueos, el país pasa de la negociación a la aplicación de medidas extraordinarias.
Tras la declaratoria, militares y policías salieron durante la madrugada a las calles de La Paz para cumplir el decreto de excepción emitido por el presidente Rodrigo Paz, según reportes de medios de comunicación.
