LA PAZ, 7 may (Xinhua) -- El Gobierno de Bolivia presentó este jueves un proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables con el que pretende transformar de manera estructural el sistema energético nacional, abrir espacio a la inversión privada y acelerar la transición hacia fuentes limpias.
La iniciativa fue anunciada en La Paz (oeste) por los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quienes señalaron que la propuesta pretende sustituir un marco regulatorio considerado desactualizado frente a los desafíos actuales del sector energético.
El proyecto surge en un contexto económico delicado para Bolivia, marcado por la caída de las reservas internacionales, restricciones de liquidez y una creciente presión fiscal.
En ese escenario, el Ejecutivo apuesta por enviar señales de estabilidad jurídica y apertura económica para captar inversiones nacionales y extranjeras.
"El déficit fiscal solo puede ser corregido a partir de mejorar los ingresos y eso se logrará con inversiones, pero las inversiones van a venir solamente si existe seguridad jurídica", afirmó Lupo durante la presentación oficial.
La nueva legislación forma parte de un paquete de "leyes estructurales" que el Gobierno prevé remitir próximamente a la Asamblea Legislativa (Parlamento) de Bolivia, junto con reformas vinculadas a inversiones, minería e hidrocarburos.
Uno de los principales cambios planteados es la apertura del mercado eléctrico a una mayor participación privada, en un sistema históricamente dominado por el Estado.
Según Blanco, la propuesta contempla la incorporación de nuevos actores, como comercializadores de energía, además de mecanismos de subasta para proyectos de energías renovables.
"Pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo, dando el rol que le corresponde al sector privado", sostuvo el ministro de Hidrocarburos.
El proyecto incorpora además figuras que hasta ahora tenían un desarrollo limitado en la normativa boliviana, entre ellas el almacenamiento energético, la generación distribuida y el impulso específico a tecnologías renovables como la solar y la eólica.
Blanco dijo que la futura ley también fortalecerá la planificación energética nacional y devolverá independencia al ente regulador, medidas consideradas clave para mejorar la transparencia y la previsibilidad del sector.
Otro de los objetivos estratégicos es posicionar a Bolivia como un centro regional de integración eléctrica en Sudamérica mediante la expansión de infraestructura de transmisión y nuevas interconexiones con países vecinos.
La propuesta ingresará ahora a una fase de revisión técnica y jurídica dentro del Ejecutivo antes de ser enviada al Legislativo.
En paralelo, el Gobierno boliviano prevé iniciar un proceso de socialización con actores del sector energético y organizaciones civiles para buscar consensos.
