Por Carlos Ominami
Hacía años que la referencia al imperialismo había caído en desuso. Fue ampliamente difundida en América Latina durante la década de los cincuenta, sesenta y también setenta. Expresiones de esta política fueron el derrocamiento en Guatemala de Jacobo Arbenz, en 1954, o las invasiones a República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989). Forman parte también de este historial el apoyo al golpe en Brasil, contra João Goulart, en 1964. Y la implicación directa en el derrocamiento, en 1973, de Salvador Allende en Chile. Anteriormente, en el siglo XIX, destacan la guerra con México, que permitió a Estados Unidos anexionar California, Texas, Nuevo México y Arizona; la ocupación de Cuba, en 1906 y luego en 1917, o la de Puerto Rico, en 1898, que derivó en su posterior anexión de facto.
En el siglo XXI, sus intervenciones más connotadas han sido la invasión de Afganistán, en 2001, e Irak (2003). A partir de los años noventa del siglo pasado, América Latina había dejado de ser una prioridad para Estados Unidos, predominando durante las tres décadas siguientes el intento de sus sucesivos Gobiernos de practicar una política de buena vecindad, hasta el punto de producirse un giro histórico marcado por la visita del presidente Obama, a Cuba, en marzo del 2016.
El calificativo "imperialista" cayó así en desuso, incluso entre los gobiernos de izquierda de la región, que habían hecho del "antiimperialismo" una definición central de sus estrategias. Pero todo esto cambia con la reciente agresión contra Venezuela el pasado 3 de enero. Ha sido ni más ni menos que el diario francés Le Monde el que recuperó la expresión "estrategia imperialista" en el titular de la portada de su edición del 8 de enero.
El ataque a Venezuela no fue una agresión más que añadir al largo historial norteamericano. Por de pronto, esta es la primera vez en la historia que se produce un ataque militar directo a un país sudamericano. Hasta ahora, estos se habían concentrado en América Central o el Caribe. La llamada operación "Resolución absoluta" fue una violación flagrante de principios fundamentales del orden internacional que se construyó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, tales como el respeto a la soberanía de las naciones, la solución pacífica de las controversias y la no injerencia en los asuntos propios de otros Estados.
La política de la segunda Administración de Donald Trump, con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, está provocando una ruptura mayor del orden internacional. Esto quedó ampliamente demostrado por las propias declaraciones del presidente Trump, quien aseguró que la intervención norteamericana no busca restablecer la democracia en ese país, sino que se trata más bien de una agresión motivada por objetivos geopolíticos como limitar al mínimo las relaciones de Venezuela con otros países extrarregionales y acceder a sus importantes reservas de petróleo. Con reservas probadas de 303.000 millones de barriles, Venezuela supera ampliamente a grandes productores como Arabia Saudita (267.000 millones), Irán (203.000 millones) e Irak (145.000 millones). A su vez, las reservas venezolanas son seis veces mayores en comparación con Estados Unidos, que alberga 45.000 millones de barriles.
La agresión a Venezuela pone en cuestión la preservación de América Latina como Zona de Paz, o libre de guerras interestatales, condición que ha mantenido desde el fin de la Guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú, en 1995. Es sin duda extremadamente grave que el Gobierno norteamericano se arrogue el derecho a gobernar un país por tiempo indefinido amenazando con una nueva agresión a Venezuela si el proceso no se orienta de acuerdo a sus intereses. Estos incluyen la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano, con las transacciones de dinero controladas por el propio Trump, según informó él mismo en redes sociales el pasado 6 de enero. Como lo expresamos en la Declaración del Foro Permanente de Política Exterior de Chile, esta posición es totalmente contradictoria con el reconocimiento universalmente consagrado de que los Estados tienen el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de sus recursos naturales como expresión directa de su soberanía.
Esta política del Gobierno estadounidense corresponde a una decisión enteramente unilateral que viola el derecho internacional y también la legalidad interna de su país toda vez que pasa por encima de la Constitución, al establecer que todo acto de guerra debe contar con la aprobación del Congreso, salvo que se trate de una legítima defensa, lo que manifiestamente no era aquí el caso.
En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, América Latina es considerada como el patio trasero de EE. UU., reviviendo con ello la Doctrina Monroe formulada hace más de 200 años y reactualizada a través del denominado "Corolario Trump", que define a la región como parte de su hemisferio. En América Latina están amenazadas Cuba y Colombia, en lo inmediato, y de manera más general el conjunto de los países. La peregrina teoría de que Venezuela "robó" su petróleo a EE. UU., cuando el Gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó esta materia prima en 1976, se le puede aplicar a cualquier país que en ejercicio de su soberanía haya procedido de igual manera.
Pero no es solamente América Latina la amenazada. En la lista de Trump parece venir Groenlandia, que es parte del territorio de Dinamarca, país que a su vez pertenece a la Unión Europea. Aduciendo razones de seguridad nacional, Trump viene desde el principio de su segundo mandato afirmando que, siendo vital para su seguridad, procederán a anexionársela usando incluso la fuerza militar si es necesario.
Todo esto muestra que el Gobierno de Trump se ha convertido en una amenaza para el conjunto del planeta. Ya lo había hecho al retirarse de los Acuerdos de París sobre cambio climático. Y ahora poniendo directamente en cuestión el orden internacional. Frente a esta amenaza, es fundamental que se constituya una alianza lo más amplia posible. El Sur Global tiene aquí el desafío de impulsar un proceso que apunte a la construcción de un nuevo orden internacional basado en un multilateralismo renovado que actualice la vigencia de los grandes principios del derecho internacional.
(Carlos Ominami es economista chileno y director de la Fundación Chile 21, exministro de Economía de 1990 a 1992 y senador de la República entre 1994 y 2010)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
