BEIJING, 6 ene (Xinhua) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció el lunes ante un tribunal federal de Manhattan en Nueva York, tras su captura y traslado forzoso por parte de fuerzas especiales estadounidenses en suelo venezolano el 3 de enero, en el que fue el último acontecimiento de la vulneración pública de Washington al derecho internacional y la soberanía nacional.
Secuestrar al jefe de Estado de un país soberano, sometiéndolo a una corte extranjera para un llamado "juicio", no tiene nada que ver con la aplicación de la ley; es simplemente una flagrante demostración de la disposición de Estados Unidos a ejercer su poder absoluto.
La operación militar de Washington contra Caracas sienta un precedente peligroso: cualquier nación con suficiente poder puede imponer unilateralmente su voluntad a otra, reduciendo el orden internacional a una brutal contienda de poder.
En el sistema internacional real, ningún país puede actuar legítimamente como "policía mundial", ni puede autoproclamarse juez internacional. El derecho internacional no reconoce tal función.
La autoridad para hacer cumplir la justicia más allá de las fronteras recae en las instituciones multilaterales, no en actos unilaterales de coerción llevados a cabo en el momento y lugar que elija un país.
De hecho, la Casa Blanca ha torpedeado su propia afirmación de legalidad, exponiendo de manera voluntaria su avaricia por los recursos naturales.
Poco después de la operación militar contra Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó públicamente a la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, a conceder a EE. UU. "acceso total" al petróleo y otros recursos e infraestructuras venezolanas.
Esta exigencia confirma lo que el mundo sospechaba desde hacía tiempo: la operación de EE. UU. nunca tuvo que ver con la justicia, sino una descarada táctica de control estratégico y saqueo económico. La retórica de la aplicación de la ley no es más que una cínica fachada para encubrir una política de extracción de recursos y dominación imperial.
Desafortunadamente, este no es un caso aislado.
Desde las repetidas intervenciones en América Latina y el Caribe, hasta las invasiones militares de países de Oriente Medio realizadas sin autorización internacional, el uso unilateral de la fuerza ha sido un instrumento habitual de la doctrina exterior de EE. UU., empleado por los responsables de elaboración de políticas en Washington como algo natural.
El mundo no necesita un policía internacional, ni mucho menos uno que trate la justicia como algo prescindible.
Lo que el mundo realmente necesita son miembros responsables de la comunidad internacional: naciones que respeten la soberanía, se adhieran al derecho internacional y rindan cuentas por medios multilaterales.
La seguridad colectiva y los derechos legítimos de todos los países del planeta, grandes o pequeños, deben salvaguardarse con base en el derecho internacional, no en la ley de la selva.
