LA PAZ, 8 dic (Xinhua) -- El Gobierno de Bolivia anunció este lunes que prevé aplicar en 2026 el modelo presupuestario "50/50", una reforma que apunta a transferir la mitad de los recursos administrados por el nivel central hacia gobernaciones y municipios, en un intento por desmontar el histórico centralismo que ha marcado la gestión pública del país sudamericano.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que la medida requiere ajustes a la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), debido a que el texto elaborado por la anterior administración no incorporó el nuevo régimen.
El Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa un plazo hasta febrero de 2026 para adecuar la norma y permitir que el esquema entre en vigor en el próximo ejercicio fiscal.
Espinoza matizó que la implementación no será inmediata, aunque descartó que se postergue hasta 2027, y aseguró que el Gobierno trabajará "con transparencia y de manera coordinada" con las gobernaciones para avanzar hacia una distribución "más justa" del gasto público.
La propuesta 50/50, impulsada durante la campaña por el presidente Rodrigo Paz Pereira, plantea asignar a los gobiernos subnacionales el 50 por ciento del presupuesto nacional. La iniciativa ha generado expectativas entre autoridades regionales, aunque también advertencias sobre la complejidad técnica que implicará redistribuir competencias y recursos en un contexto económico frágil.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, recordó hace unos días que la economía boliviana atraviesa tensiones fiscales que podrían dificultar la transición, pero afirmó que el Gobierno mantiene la decisión política de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal.
El Ejecutivo sostiene que el esquema permitirá a las regiones planificar proyectos con mayor autonomía y agilidad, desde infraestructura vecinal hasta hospitales y escuelas. El plan incluye replicar la lógica en sectores como educación y salud, incorporando metas compartidas y controles técnicos para evitar descoordinaciones.
De acuerdo al PGE 2025, el 84 por ciento tiene como objetivo financiar a los tres órganos del Estado, es decir, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mientras que solo el 15 por ciento está destinado a las gobernaciones del país en su conjunto.
La iniciativa supone un giro en la arquitectura estatal boliviana, tradicionalmente concentrada en el eje central del país.
