WASHINGTON, 12 nov (Xinhua) -- La llegada el martes de un portaaviones estadounidense al mar Caribe, donde recientes ataques militares de EE. UU. han matado a decenas de civiles sospechosos de ser narcotraficantes, suscitó críticas de diversas partes y amenazó con agravar todavía más las tensiones regionales.
Con la incorporación del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford, liderado por el portaaviones más grande del mundo, el despliegue estadounidense sobre el Caribe supera ahora los 15.000 efectivos, lo que supone la mayor concentración militar en la región en tres décadas.
"Estas fuerzas mejorarán y aumentarán las capacidades existentes para desarticular el tráfico de drogas y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales" en el hemisferio occidental, afirmó una declaración emitida por el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, citando declaraciones ese mismo día del portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell. El área de responsabilidad del comando abarca América Latina y el Caribe.
Venezuela, como respuesta, ordenó una concentración militar a gran escala para contrarrestar la presencia naval estadounidense frente a sus costas, al tiempo que advirtió de que la acción de EE. UU. podría desencadenar un conflicto total.
Según el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, unos 200.000 soldados participaron el martes en un ejercicio para contrarrestar las "amenazas imperiales" y garantizar que el país estaba "salvaguardado, protegido y defendido".
El enfrentamiento provocó preocupación y condena de diversas partes.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, señaló al margen de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete celebrada este martes en Canadá que las operaciones militares estadounidenses en el Caribe "violan el derecho internacional". Su homólogo ruso, Sergei Lavrov, manifestó ese mismo día que los ataques estadounidenses mostraban acciones de "países sin ley", así como de "aquellos que se consideran por encima del derecho".
Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques militares contra al menos 20 embarcaciones en aguas internacionales, matando al menos a 76 personas, según cifras publicadas por Estados Unidos. Sin embargo, todavía no han presentado pruebas de que esos objetivos fueran utilizados para el tráfico de drogas. Funcionarios del Pentágono admitieron que desconocen las identidades de todas las personas que murieron en esos ataques, durante una reunión informativa confidencial celebrada el 30 de octubre por un panel en la Cámara de Representantes, según medios de comunicación estadounidenses, citando a legisladores demócratas que asistieron al encuentro.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha condenado repetidamente las acciones de Washington como intentos de quitarle el poder y ampliar la influencia militar estadounidense en América Latina.
"Están asesinando a personas indefensas, sean o no narcotraficantes, ejecutándolas sin el debido proceso", denunció el ministro venezolano de Defensa.
Los expertos en derechos humanos se hicieron eco de que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si se dirigen contra conocidos traficantes.
A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Maduro de ser un narcotraficante y predijo que sus días estaban contados. El 24 de octubre, su Administración también impuso sanciones al presidente colombiano, Gustavo Petro, en pleno deterioro de las relaciones bilaterales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha acusado a Petro de permitir "prosperar" a los cárteles de la droga.
Por su parte, Petro criticó a EE. UU. por utilizar su política antidroga como pretexto para justificar el uso de la fuerza en la región del Caribe, con el fin de tomar el control de las reservas de petróleo.
Los países de la región y de todo el mundo han estado preocupados por el continuo deterioro de la situación regional. Mientras la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea celebraron su cuarta cumbre, los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta, emitieron una declaración conjunta oponiéndose a la amenaza o uso de la fuerza sobre la consolidación de la paz.
