LIMA, 6 sep (Xinhua) -- El Gobierno de Perú consideró este sábado como "inaceptable" el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado peruano se abstenga de aplicar la Ley de Amnistía para militares y policías procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
"El Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH", señaló el Despacho de la Presidencia en un comunicado oficial, en el que sostuvo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario y no puede intervenir mientras no se agoten las instancias internas.
El pronunciamiento destacó que el país andino es "soberano y democrático", y que a lo largo de su historia ha mantenido un "firme y decidido" compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Gobierno aprovechó para recordar que Perú sufrió "el terrible embate del terrorismo" en décadas pasadas, lo que provocó graves violaciones a los derechos fundamentales de la población y obligó a una lucha para preservar la democracia.
Además, la Presidencia peruana informó que el país seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano, así como la necesidad de revisar las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos.
La Corte IDH ratificó ayer viernes una resolución "de medidas urgentes" adoptada en julio pasado, en la cual dispuso que las autoridades peruanas se abstengan de aplicar la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y funcionarios sin sentencia firme por casos relacionados con la lucha contra el terrorismo.
La Corte ordenó que la norma carezca de efectos jurídicos mientras se resuelve la ampliación de medidas provisionales en los casos Barrios Altos (1990) y La Cantuta (1992).
En agosto pasado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley aprobada por el Congreso, a la que calificó como "amnistía histórica" en beneficio de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la mencionada lucha.
En esa oportunidad aseguró que Perú "está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa".
La norma contempla beneficios para quienes no tengan sentencia firme, así como para mayores de 70 años con condenas en ejecución, y se sustenta en la facultad del Congreso de conceder amnistías, según dijo la mandataria.
El conflicto armado interno en Perú dejó cerca de 69.000 muertos en dos décadas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, marcando uno de los periodos más violentos de la historia reciente del país andino.
