SAO PAULO, 1 sep (Xinhua) -- Brasil debe combatir la infiltración del lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), mayor grupo del crimen organizado del país, en la economía formal, con el objetivo de evitar que se consolide un escenario de narcoestado, aseguró el secretario de la Receita Federal (órgano de administración tributaria), Robinson Barreirinhas, citado hoy lunes por la prensa local.
Lo hizo al comentar la operación de la Receita Federal y la Policía Federal, la semana pasada, que asestó el mayor golpe contra el sistema financiero del crimen organizado, allanando 40 fondos de inversión y empresas productoras de alcohol combustible utilizadas como salvoconducto del dinero ilegal del PCC.
"El PCC está entrando al mercado legal y ese es el peligro", advirtió Barreirinhas al portal de noticias UOL.
Según el funcionario, Brasil "debe actuar con firmeza para evitar" que se consolide un escenario de narcoestado.
El secretario explicó que el esquema de lavado de dinero del PCC se ha sofisticado en los últimos años, utilizando canales modernos como las "fintechs" (empresas financieras que emplean la tecnología más actual) para dificultar la detección.
"Esta vez, los delincuentes depositaron el dinero en una cuenta de una fintech. Esta cuenta no estaba a nombre del delincuente ni del testaferro, sino únicamente de la fintech", relató.
Por ese motivo, el viernes pasado el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocó a las llamadas fintechs y bancos digitales dentro del mismo sistema regulatorio que los considerados bancos tradicionales.
"Nos hemos centrado en un solo sector del primer sector organizado, el de los combustibles. Ya sabemos que otros utilizan este mismo esquema. Tenemos, por ejemplo, el contrabando de cigarrillos electrónicos convencionales y las apuestas ilegales que también utilizan fintechs. Nos estamos acercando", dijo el funcionario.
Barreirinhas recordó que la Medida Provisional 1303, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, incluye una disposición que responsabiliza a las entidades de pago por el traslado de fondos provenientes de apuestas ilegales.
