Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 9 ago (Xinhua) - A ocho días de las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia encara la recta final de un proceso electoral que, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya registra un avance más del 90 por ciento y anunció este sábado que 204.156 jurados de mesa velarán el desarrollo de la votación en 34.026 mesas.
El vocal del TSE, Gustavo Ávila, dijo a Xinhua que los preparativos y el cronograma electoral se cumplen a cabalidad para una jornada que definirá a sus máximas autoridades por los próximos cinco años.
"Solo nos restan cuatro fechas clave en el calendario electoral, prácticamente hemos alcanzado el 92 por ciento de las actividades programadas para el día de las elecciones generales", afirmó.
El organismo atribuyó este ritmo a la planificación y a la coordinación con los tribunales electorales departamentales, algo que, según observadores internacionales, refuerza la percepción de un proceso ordenado y sólido.
La cuenta regresiva se marca por cuatro fechas decisivas. La primera será mañana domingo 10 de agosto, cuando concluirá el plazo para difundir encuestas electorales. Ese mismo día, el TSE y los tribunales departamentales publicarán en medios y plataformas oficiales la ubicación detallada de cada mesa de sufragio, con datos por recinto, asiento y circunscripción.
El miércoles 13 de agosto se cerrará definitivamente la propaganda electoral, tanto en actos públicos como en medios. Esa jornada también vence el plazo para que las organizaciones políticas sustituyan postulaciones inhabilitadas.
El jueves 14 cada tribunal departamental hará pública la dirección exacta donde se realizará el cómputo oficial de votos. También se informará sobre los centros de conteo en el exterior.
El viernes 15 de agosto, a las 00:00, comenzará el silencio electoral, que prohíbe cualquier mensaje o actividad que pueda influir en el electorado. Finalmente, el sábado 16 se publicará la lista definitiva de candidaturas habilitadas para dejar todo listo.
El TSE confirmó que el Padrón Electoral que un total de 7.937.138 ciudadanos están convocados para votar, de los cuales 369.931 fueron habilitados para emitir su voto en el exterior, distribuidos en 32 países y 110 ciudades.
Santa Cruz encabeza el peso electoral con 2.071.967 votantes, seguido de La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013). Estos tres departamentos concentran más del 70 por ciento del electorado nacional.
De acuerdo con el TSE, en las elecciones del próximo 17 de agosto se definirá la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 36 senadores (cuatro por cada departamento) y 130 diputados, distribuidos en 60 plurinominales, 63 uninominales y 7 representantes indígenas en circunscripciones especiales.
En el exterior, los bolivianos votarán únicamente por presidente y vicepresidente. Además, se elegirán nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales.
Ocho organizaciones y alianzas están habilitadas: APB-Súmate, Alianza Libertad y Progreso ADN, Alianza Popular, Alianza Libre, Alianza Unidad, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía del Pueblo (MAS-IPSP) y Alianza Fuerza del Pueblo.
La Ley Electoral establece que una fórmula presidencial será proclamada ganadora si alcanza el 50 por ciento más uno de los votos válidos o, en su defecto, el 40 por ciento con una ventaja mínima de 10 puntos sobre el segundo lugar. Si no se cumplen estas condiciones, se convocará a una segunda vuelta en los 60 días posteriores.
Para el TSE, la meta es clara: garantizar un proceso transparente, inclusivo y sin contratiempos. "Estamos trabajando para que el 17 de agosto los ciudadanos puedan ejercer su derecho en un ambiente seguro y con plena confianza en el resultado", señaló Ávila.
Más allá de la contienda partidaria, las elecciones representan un ejercicio de soberanía y reafirma el compromiso del país con la democracia. La jornada no solo definirá cargos, sino que trazará el rumbo político de Bolivia en un contexto marcado por una fuerte polarización, crisis y por el desafío de asegurar la participación de los votantes.
