RÍO DE JANEIRO, 22 jul (Xinhua) -- Brasil se consolida como líder mundial en el mercado emergente de créditos de carbono con un potencial de generación de entre 10.800 y 21.600 millones de dólares hasta 2030, lo que puede abrir nuevas oportunidades de cooperación con China, afirmó el director ejecutivo del Instituto de Innovación de la Tierra (EII, siglas en inglés), Daniel Nepstad.
El directivo expresó en entrevista con Xinhua que la nación sudamericana avanza con fuerza en la implementación del sistema de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal más otras acciones (REDD+) jurisdiccional, una estrategia que además de combatir la deforestación en la Amazonia puede abrir nuevas vías de cooperación con China.
Los nueve estados brasileños de la Amazonia pueden beneficiarse de la venta legal de créditos de carbono generados a partir de la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, según un estudio del EII.
El estado brasileño de Pará (norte) lidera estas localidades con una proyección de ingresos de hasta 3.500 millones de dólares, seguido de Mato Grosso (oeste) con 2.000 millones y Rondônia (noroeste) con 1.728 millones de dólares.
Nepstad, uno de los expertos en ecología forestal más reconocidos en Brasil, destacó el potencial transformador del modelo REDD+ jurisdiccional.
"Con este sistema, la mayor parte de la solución climática global puede realizarse en las próximas dos décadas. Es una solución de corto plazo que da al mundo tiempo para avanzar en la transición energética", expuso.
A diferencia de proyectos privados de créditos de carbono que operan en propiedades individuales o comunidades específicas, el modelo REDD+ jurisdiccional se basa en la acción integrada de los gobiernos estatales.
Cada estado se encarga del control ambiental y de la gestión de los recursos obtenidos, aplicándolos en políticas públicas acordadas de forma participativa con pueblos indígenas, agricultores familiares, productores rurales y otros sectores sociales.
El sistema ya está en marcha en estados como Tocantins (centro), Pará, Acre (noroeste) y Mato Grosso (suroeste), donde genera créditos que pueden ser vendidos en el mercado voluntario y en un futuro en el regulado, una vez finalizada la implementación de los marcos legales.
Refirió que Tocantins, por ejemplo, firmó de manera reciente el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones, un paso legal que le permitirá comenzar a recibir ingresos a partir de 2026.
En tanto, Acre fue el primer estado brasileño en definir porcentajes precisos para la repartición de beneficios: 22 por ciento para territorios indígenas, 26 por ciento para áreas extractivistas, 24 por ciento para productores agropecuarios y agricultores familiares, y 28 por ciento para el Estado.
De acuerdo con la explicación del experto, este reparto es clave para garantizar la inclusión social, la equidad y la sostenibilidad del programa.
El entrevistado destacó en este contexto, el enorme potencial de cooperación con el país asiático.
En el marco del Acuerdo de París (2015) sobre Cambio Climático, el mecanismo Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMO, por sus siglas en inglés) puede aplicarse a países como Brasil, al poder vender créditos de carbono a otras naciones para sus compromisos de reducción de emisiones.
Brasil busca vías alternativas, entre ellas el reconocimiento del sistema REDD+ jurisdiccional como certificado de sostenibilidad.
"Ese reconocimiento sería muy bien recibido por el sector productivo brasileño, especialmente en estados como Mato Grosso", explicó Nepstad.
La adopción de REDD+ jurisdiccional permite aplicar los recursos obtenidos en iniciativas prioritarias para diferentes sectores.
En el caso del agro, por ejemplo, los fondos serán invertidos en capacitación, educación técnica, mejoramiento de la productividad ganadera, acceso a créditos de bajo carbono como el programa ABC+ que busca promover prácticas agrícolas sostenibles y acciones contra incendios forestales.
Pueblos originarios, por su parte, reclaman apoyo para la defensa territorial y para el desarrollo de economías económicas sostenibles basadas en el entorno.
Agricultores locales y miembros de comunidades afrodescendientes en Brasil conocidas como "quilombolas" solicitan mayor agilidad en la regularización ambiental, así como en el acceso a líneas de crédito.
Todos estos usos son definidos en audiencias públicas o consultas sociales y en cada estado se diseña una política conforme a las demandas locales.
Nepstad afirmó que la meta del EII es llegar a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se efectuará en noviembre próximo en el estado brasileño de Pará con un acuerdo bilateral entre Brasil y China sobre la eventual compra de créditos de carbono jurisdiccionales.
"Estamos trabajando para que esta relación comercial sea lanzada durante la COP. Sería un hito importante y una señal fuerte del liderazgo climático de China", expuso.
Por ejemplo, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, ha mostrado interés en que su estado encabece este acuerdo y diversas organizaciones agropecuarias también están involucradas.
"La compra de créditos por parte de China no solo fortalecería la agenda climática, sino también reforzaría la relación bilateral en un momento de tensiones con Estados Unidos", afirmó Nepstad.
El especialista estimó que los primeros créditos jurisdiccionales brasileños podrían ser comercializados en marzo o abril de 2026 con los estados de Acre, Tocantins y Pará a la cabeza del proceso.
El sistema comenzó a construirse en 2018 y cuenta ya con modelos listos para su implementación, así como mecanismos de verificación internacional como el estándar ART-TREES.
"Este es el momento ideal para que China se sume como actor estratégico en este mercado, alineando su agenda climática con una cooperación más profunda con Brasil en beneficio mutuo", concluyó el director ejecutivo del EII.
