BOGOTÁ, 20 may (Xinhua) -- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó este martes a las autoridades del país reforzar la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016, ante el inminente riesgo que enfrentan de ser asesinados.
Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, creada en el marco del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde la firma y el desarme de 13.000 miembros del grupo armado han sido asesinados 456 excombatientes y se han reportado 602 hechos de grave afectación contra personas en proceso de reincorporación.
"De ese total, el 94 por ciento comparecía en la JEP, participando en versiones voluntarias, aportando verdad a las víctimas y entregando información sobre personas dadas por desaparecidas", detalló el informe.
La JEP subrayó que existe un compromiso del Estado colombiano de proteger los derechos fundamentales de los firmantes, por lo que solicitó al Ministerio de Defensa fortalecer la presencia de la fuerza pública en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR).
Ordenó además que se garantice la integridad de los excombatientes en las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) donde ejercen la labor de restauradores.
Por su parte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) ordenó que se establezcan medidas para prevenir y reducir la estigmatización contra firmantes de paz en el país que ha venido aumentando.
La JEP alertó que seis espacios de reincorporación están en riesgo de desaparecer si no se actúa oportunamente en las regiones de Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá.
Aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno por proteger a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, señaló que el riesgo persiste para los excombatientes que hacen un gran aporte a la construcción de paz en el país.
La JEP consideró además que los crímenes sistemáticos en contra de los firmantes de paz no solo atentan contra su vida, sino también contra la confianza de los colombianos y el mundo que apoyó el acuerdo y a la justicia transicional.
