LA PAZ, 6 may (Xinhua) -- Una jueza boliviana ordenó este martes la detención preventiva por 30 días contra la jueza Lilian Moreno, quien recientemente anuló una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en un presunto caso de trata de personas.
La medida fue dictada durante una audiencia de medidas cautelares en La Paz, sede del Gobierno de Bolivia, por la jueza anticorrupción Ximena Palacios, quien determinó que Moreno sea trasladada al penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz (este), mientras se investiga su actuación judicial.
Moreno está acusada de desobedecer resoluciones constitucionales y de incumplir sus deberes como autoridad en la protección de mujeres en situación de violencia.
La jueza fue aprehendida el lunes fuera de la ciudad de Santa Cruz y llevada a dependencias policiales en La Paz, tras una denuncia formal del Ministerio de Justicia.
En su comparecencia ante la Fiscalía, la magistrada se acogió al derecho constitucional de guardar silencio.
La controversia se generó tras su fallo que anulaba tanto la imputación fiscal como la orden de captura contra Evo Morales, además de ordenar que el caso sea remitido al Trópico de Cochabamba, bastión político del exmandatario.
La causa había sido abierta en el departamento de Tarija, en el sur del país.
Sin embargo, el juez Franz Zabaleta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a una acción legal impulsada por el Ministerio de Justicia, dejó sin efecto la resolución de Moreno, manteniendo vigente la acusación contra Morales.
El expresidente Morales, quien presidió 14 años el Gobierno boliviano, está acusado del delito de trata de personas con agravante, luego de que se hicieran públicos elementos que lo vincularían con una menor de 15 años, con quien procreó una hija.
Aunque Morales ha negado estas acusaciones, el caso se mantiene abierto desde 2020.
La defensa de la jueza denunció irregularidades en el proceso que se sigue contra Moreno.
"Sin valorar las pruebas, se ha determinado la detención de la jueza Moreno en Palmasola por 30 días. No se le otorgó la palabra durante la audiencia cautelar", señaló el abogado Nicolás Osinaga a medios locales al concluir la audiencia.
El jurista afirmó que se han presentado recursos de apelación y que se evalúa el traslado de su defendida a Santa Cruz.
La pena por desobediencia a resoluciones constitucionales en Bolivia oscila entre dos y seis años de prisión, mientras que el incumplimiento de deberes puede ser castigado con hasta cuatro años de reclusión.
