BOGOTÁ, 28 abr (Xinhua) -- El jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Raúl Rosende, advirtió este lunes que el continuo asesinato de firmantes de paz del acuerdo firmado en 2016 por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, es un obstáculo para la implementación del mismo.
"Es uno de los hechos más preocupantes para las Naciones Unidas, pero también para toda la comunidad internacional", dijo Rosende en el marco de una sesión técnica sobre el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida como garantía de seguridad para la población firmante de paz convocada por la Corte Constitucional de Colombia.
Rosende subrayó que los firmantes de paz asesinados no solo eran personas que habían dejado las armas de manera efectiva, sino que eran comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la cual aportaban información relevante para esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
"Estaban no solo en tránsito socioeconómico, sino en tránsito jurídico a la legalidad", comentó el funcionario, agregando que esta problemática ha sido planteada en todos los informes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por su parte, la magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, Cristina Pardo, señaló que, según cifras entregadas por la JEP, el primer trimestre de 2025 se presentó un incremento del 67 por ciento en el número de firmantes de paz asesinados, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Además, se reportó un incremento del 300 por ciento en los desplazamientos forzados de esta población a causa de la violencia y un incremento de 900 por ciento de los casos de desaparición.
La magistrada recordó la grave situación presentada en enero de 2025 en la región de Catatumbo, departamento de Norte de Santander (noreste), en donde se confirmó el asesinato de seis firmantes de los acuerdos de paz y la desaparición de al menos siete firmantes más.
"Sin duda alguna, la coyuntura actual demuestra que existen problemas estructurales en varios componentes de las garantías de seguridad, entre estos, el funcionamiento del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, estas fallas impiden que este sistema sea lo que el acuerdo de paz buscaba que fuera", señaló.
Durante la sesión participaron representantes del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales en dónde se han presentado más casos de homicidios a firmantes de paz como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá, para presentar sus planes de reacción para proteger a los firmantes de paz que habitan en sus territorios.
Según datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la suscripción del acuerdo de paz han sido asesinados 460 excombatientes de los cuales 11 eran mujeres, 59 eran indígenas y 57 eran afrocolombianos.
