BOGOTÁ, 24 abr (Xinhua) -- La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) informó este jueves que, como parte de las sanciones restaurativas, exmilitares involucrados en delitos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", iniciaron labores en el proceso de búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto armado.
"Trabajan justo allí, en el mismo territorio donde cometieron los crímenes, como un acto tangible de responsabilidad y compromiso tanto con las familias a las que causaron daño como con la verdad", señaló la JEP en un comunicado, en el cual señaló que se espera replicar esta acción en otros casos similares.
El alto tribunal explicó que en una acción sin precedentes, los comparecientes participaron en las labores de intervención forense del Cementerio Central de Neiva, en donde víctimas de falsos positivos fueron inhumadas como personas no identificadas, según evidencias de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
La JEP destacó este aporte de los exmilitares es vital para las familias de las víctimas desaparecidas, ya que "proporcionan información que puede conducir a la identificación y/o a la localización de sus familiares" mientras contribuyen con su fuerza de trabajo en tareas como acondicionamiento del terreno y ejecución de obras civiles.
Asimismo, recordó que esta acción novedosa hace parte de las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR) que buscan contribuir a la restauración de los daños causados y a las garantías de no repetición de los delitos cometidos en medio del conflicto.
"Su implementación efectiva y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los comparecientes constituyen un referente para la ejecución de las sanciones propias que imponga el Tribunal para la Paz a quienes aporten verdad y reconozcan responsabilidad", precisó.
La JEP sostuvo que gracias a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a entidades como la Alcaldía de Neiva, la Gobernación de Huila, se adelantan las labores de búsqueda de desaparecidos en esta región del país para dar una respuesta efectiva a las víctimas.
"No es solo un mandato legal, es un imperativo ético y un derecho fundamental. Las víctimas están en el centro de cada uno de sus procesos, y su dolor, producido por años de violencia, silencio e impunidad, exige acciones concretas que dignifiquen su memoria y reconozcan su sufrimiento", manifestó.
La Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a 36 integrantes del Ejército Nacional en el departamento del Huila por 200 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, de los cuales 32 corresponden a víctimas de desaparición forzada y ocho tentativas de homicidio.
