BRASILIA, 31 dic (Xinhua) -- El primer año de mandato del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue marcado por la aprobación de reformas económicas en el Congreso, un crecimiento económico mayor al esperado, el esfuerzo por reinsertar a este país sudamericano en la escena internacional y la reducción de la deforestación en la Amazonía.
Como en sus dos primeros mandatos (2002-2010), Lula reforzó los programas sociales y desarrolló un arco de alianzas a pesar de las fuertes divisiones en la política brasileña de los últimos años.
Poco después de asumir el cargo el 1 de enero, Lula tuvo que enfrentar un duro desafío, con el asalto a las sedes de los tres Poderes en Brasilia, que fue caracterizado por la Justicia como un intento de golpe de Estado.
Dirigidas por el Supremo Tribunal Federal (STF), las investigaciones condujeron a la prisión de centenares de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) que participaron el 8 de enero en el ataque al Palacio del Planalto, sede de la presidencia, y los edificios del Congreso y de la Corte Suprema en la capital brasileña.
Para obtener apoyo parlamentario a sus proyectos, el Gobierno formó una amplia coalición, liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) con agrupaciones de centro izquierda, pero que incluye también partidos de centro y centro derecha, dado que la composición actual del Congreso es una de las más conservadoras de las últimas décadas.
En los proyectos legislativos, la atención se centró en la economía, bajo la dirección del ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Entre las medidas aprobadas se destacan el nuevo marco fiscal, que sustituyó al techo de gastos como mecanismo para mantener equilibradas las cuentas públicas, y la reforma tributaria, debatida durante tres décadas.
En el área ecónomica, el año 2023 terminó con caída en el desempleo y la inflación, y una tendencia a la baja de los tipos de interés.
El crecimiento estimado se acerca al 3 por cento y, según cifras oficiales, la tasa de desempleo está por debajo del 8 por cento, la más baja desde agosto de 2014, y el número de trabajadores con contratos formales se encuentra en su nivel más alto desde enero de 2015.
Ese desempeño superó las expectativas de los analistas. En octubre de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había previsto que la economía brasileña se desaceleraría y crecería solo un 1 por cento en 2023.
Además, el Gobierno cuestionó la política monetaria del Banco Central de Brasil, exigiendo una reducción de la tasa básica de interés Selic, que a principios de año estaba en el 13,75 por cento.
En agosto, el banco central inició un proceso de reducción de los intereses, con sucesivos recortes de medio punto porcentual, hasta terminar el año en el 11,75 por cento. La autoridad monetaria ha anunciado que habrá nuevos recortes en los primeros meses de 2024.
En la política exterior, Lula da Silva visitó este año 24 países, entre ellos China, la India, Estados Unidos, Argentina, Alemania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Brasil en la arena internacional.
En octubre, Brasil ocupó la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde promovió una resolución para el alto el fuego en Gaza, que fue apoyada por la mayoría de los países miembros, pero no aprobada por el veto de EE. UU.
En el ámbito regional, el Gobierno brasileño reafirmó su compromiso con el Mercosur, bloque al que Bolivia se incorporó en diciembre como miembro de pleno derecho, junto con los otros países fundadores Argentina, Paraguay y Uruguay.
También se ratificó la importancia del grupo BRICS. En marzo, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff asumió la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).
En diciembre, Brasil asumió la presidencia rotatoria de un año del G20, el grupo de las economías más desarrolladas y las emergentes del mundo.
También a principios de ese mismo mes, el presidente Lula ratificó que en enero de 2024 Brasil ingresará como observador a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), con el objetivo de promover un movimiento global hacia una transición de las energías fósiles a las fuentes renovables.
En el área ambiental, se intensificó la lucha contra la deforestación y la minería ilegal en la Amazonía, y Brasil volvió a asumir un papel protagónico en los foros internacionales.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái (EAU), Brasil presentó alternativas para acelerar la descarbonización, con biocombustibles, hidrógeno verde y un programa de restauración y mantenimiento forestal.
La ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, relanzó el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, con una reducción del 52 por ciento en el área desmatada.
