El exvicepresidente Jorge Glas (d) saluda a los asistentes a su audiencia de apelación, en la sala de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, capital de Ecuador, el 23 de mayo de 2018. (Xinhua/Str)
QUITO, 9 jun (Xinhua) -- Un juez constitucional de Ecuador concedió este viernes una medida cautelar al exvicepresidente del país Jorge Glas (2013-2018), que le restituye sus derechos políticos perdidos tras ser sentenciado por corrupción.
La decisión fue adoptada por el juez Jhon Rodriguez, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Yaguachi, de la costera provincia de Guayas (suroeste), mediante una providencia, difundida por la prensa local en redes sociales.
En la providencia, el juez señala que resolvió admitir una petición de medidas cautelares presentada por la defensa de Glas.
En tal virtud, "se le restituye los derechos políticos de participación de elegir y ser elegido y a participar en los asuntos de interés público al ingeniero Jorge David Glas Espinel para que pueda participar en las elecciones anticipadas 2023, respetando sus derechos constitucionales", precisa el juez en su fallo.
De esta manera, se abre el camino para que el exvicepresidente pueda participar en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas que Ecuador celebrará el próximo 20 de agosto.
El país andino irá nuevamente a las urnas después de que el actual presidente, Guillermo Lasso, decretara el pasado 17 de mayo la figura constitucional de la "muerte cruzada", con la que disolvió la Asamblea Nacional (Congreso) y llamó a elecciones adelantadas.
Lasso, invocó graves crisis política y conmoción interna para tomar esta decisión en medio de un juicio político que enfrentaba en el Legislativo, donde la oposición buscaba su destitución.
Glas fue vicepresidente entre 2013 y 2017 en el Gobierno de Rafael Correa, y fue reelegido para el cargo en febrero de 2017 en binomio con el expresidente Lenín Moreno, quien lo cesó en sus funciones en enero de 2018.
El exvicepresidente fue condenado a seis y ocho años de cárcel en dos casos de corrupción, por la asociación ilícita y el cohecho, respectivamente, sin embargo, las penas fueron unificadas.
El exfuncionario fue acusado de recibir sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos en sectores estratégicos, imputaciones que él niega y atribuye a una persecución política.
Se entregó a la justicia el 2 de octubre de 2017 y estuvo preso poco más de cinco años, pues, en noviembre de 2022 salió de prisión provisionalmente por una medida cautelar.
