QUITO, 25 abr (Xinhua) -- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designó hoy martes a los generales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Paco Moncayo y Wagner Bravo como nuevo consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional y nuevo secretario de Seguridad del Estado, respectivamente.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia indicó en un comunicado que ambos exmilitares serán posesionados en dichos cargos mañana, miércoles, en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, en Quito, la capital del país.
Moncayo tiene una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, donde ha ocupado varios cargos jerárquicos, entre ellos, el de jefe del Comando Conjunto de la institución.
También estuvo vinculado a la política como alcalde de Quito, durante dos períodos consecutivos (2000-2004 y 2004-2009), además como asambleísta (legislador) entre 2009 y 2013.
A su vez, Bravo, también con amplia trayectoria en las fuerzas militares, fue excombatiente en el Conflicto del Alto Cenepa, un enfrentamiento bélico ocurrido durante enero y febrero de 1995 entre Perú y Ecuador por una disputa limítrofe.
Además, es exjefe del Estado Mayor del Ejército y exjefe de Operaciones de Fuerzas Especiales del Ejército.
La designación de ambos exmilitares ocurre en momentos en que el Gobierno se ha propuesto reforzar las estrategias de seguridad para enfrentar el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en todo el país.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad ciudadana que se agudizó en los últimos meses con un incremento de asesinatos, extorsiones, robos a personas y otros delitos que generan temor en la población.
Ante ello, el pasado 1 de abril, el Gobierno autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, así como el uso de aerosoles de gas pimienta para enfrentar la inseguridad.
Sumado a estas medidas de respuesta, el Ejecutivo analiza declarar a las bandas criminales como terroristas para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de manera permanente en la lucha contra la delincuencia sin necesidad de reformar la Constitución.
Dicha declaratoria debe adoptarla el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el máximo organismo asesor de la Función Ejecutiva sobre situaciones de emergencia.
Actualmente, en la Asamblea Nacional (Congreso) se tramita una propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de forma extraordinaria y regulada, en el combate al crimen organizado.
