RÍO DE JANEIRO, 27 dic (Xinhua) -- La Fiscalía brasileña pidió hoy a la Corte Suprema que anule el indulto navideño que el presidente Jair Bolsonaro concedió a 74 policías acusados de haber cometido la mayor matanza en una cárcel de Brasil, en 1992, en la que murieron 111 presos.
El pasado viernes día 23, Bolsonaro concedió el indulto de Navidad a 74 policías (69 están con vida y cinco ya murieron) que el 2 de octubre de 1992, sofocaron una rebelión en la cárcel de Carandiru, en la ciudad de Sao Paulo, y que causó la muerte de 111 internos.
Todos ellos habían sido condenados a penas de entre 48 y 624 años de prisión, en la que está considerada la mayor matanza de las fuerzas de seguridad de la historia de Brasil.
El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, envió una acción directa de inconstitucionalidad contra una parte del decreto de Bolsonaro, para evitar la anulación de decenas de condenas parecidas.
"El indulto navideño conferido por el presidente de la República a los agentes estatales involucrados en el caso de la masacre de Carandiru representa una reiteración del estado brasileño en el incumplimiento de la obligación asumida internacionalmente de procesar y castigar, de forma seria y eficaz, los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la casa de detención el 2 de octubre de 1992", afirmó Aras en su argumento.
Para Aras, el decreto de Bolsonaro viola la Constitución brasileña, en la que no están permitidos los indultos para crímenes hediondos.
El sábado, el Ministerio Público del estado de Sao Paulo ya había pedido a la Fiscalía General que invalidara el indulto.
