Imagen de archivo de Keiko Fujimori participando en un mitin en el sur de Lima, Perú. (Xinhua/Mariana Bazo)
LIMA, 19 jul (Xinhua) -- El fiscal anticorrupción de Perú, José Domingo Pérez, presentó hoy martes la acusación final contra Keiko Fujimori, señalada de presunta comisión de lavado de activos, en más de 4.600 páginas del "Caso Cócteles".
Esta acusación, que incluye a otras 40 personas, contiene las subsanaciones realizadas por los abogados defensores sobre los investigados vinculados al caso de financiación irregular de las campañas electorales de la dirigente política en 2011 y 2016.
José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso "Lava Jato" (autolavado), explicó durante la audiencia virtual que se han hecho las "precisiones, aclaraciones y correcciones de las imputaciones, respecto a cada uno de los acusados, en relación a cada uno de los delitos de la acusación".
La presentación del fiscal cumplió con el plazo que fijó el juez Víctor Zúñiga, quien ordenó presentar una sola acusación con las precisiones y observaciones que se han producido a lo largo del proceso desarrollado contra la líder opositora.
Al respecto, José Domingo Pérez fue enfático al asegurar en la audiencia que "se ha corregido la narración fáctica de las circunstancias precedentes contaminantes posteriores en aquello que se había observado".
Keiko Fujimori es acusada de haber recibido dinero de manera irregular, a través de su partido Fuerza Popular, para financiar sus campañas electorales presidenciales en los años 2011 y 2016, incluido un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
En el marco de esos señalamientos, la ex candidata presidencial cumplió un primer periodo de prisión preventiva de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su liberación.
En marzo de 2021, el fiscal José Domingo Pérez anunció que pidió 30 años de cárcel contra Fujimori, quien además cumplió un pequeño lapso de detención preventiva de enero a marzo de 2020, cuando el tribunal de apelaciones ordenó dejar sin efecto una medida de detención por 15 meses.
