MÉXICO, 3 jul (Xinhua) -- La violencia criminal no cedió ante la pandemia de COVID-19 en México, que en medio de la contingencia ha sido afectado por una serie de tiroteos con múltiples víctimas e inusuales ataques a funcionarios de alto rango.
Según expertos, los ataques en varias partes del país las últimas dos semanas se explicaban en parte por una mayor ferocidad de los grupos criminales por ganar el negocio de las drogas, entorpecido por el confinamiento, y por la añeja problemática de falta de castigo que México arrastra.
El último episodio ocurrió el miércoles, cuando un grupo armado causó la muerte de 27 personas tras irrumpir en un centro de rehabilitación de drogas irregular en la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato (centro), la entidad con más homicidios de México.
"Es un repunte muy notable de la violencia en el país, por supuesto", dijo a Xinhua el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva.
El especialista en seguridad nacional expuso que la cifra de homicidios a escala nacional estaba este año en el pico más alto del que se tenga registro, pero además los criminales han mostrado en las últimas semanas peores niveles de desafío y cinismo.
En un hecho sin precedentes, hombres armados hirieron al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en un ataque planeado a su vehículo blindado sobre una de las principales avenidas de la capital, en un barrio donde viven diplomáticos y empresarios.
Según la fiscalía local, los criminales se armaron con granadas y fusiles de asalto, incluido un fusil con capacidad de atravesar blindaje, para la emboscada en la que murieron dos escoltas de García Harfuch y una transeúnte, tras lo cual fueron detenidos casi una veintena de sospechosos.
El atentado ocurrió el 26 de junio, una semana después de que individuos asesinaron a tiros al juez federal Uriel Villegas y a su esposa frente a sus hijas pequeñas en su casa en el estado de Colima (oeste), una entidad afectada por la violencia donde el funcionario atendía casos de narcotráfico.
Autoridades mexicanas han dicho que se indagaba la hipótesis de que el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal con mayor expansión en México en la última década, cometió los ataques contra García Harfuch y el juez.
Pero además, desde el 19 de junio se acumularon con días de diferencia ataques en los estados de Sonora, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas que dejaron saldos de entre 12 y 16 personas fallecidas, al que se sumó esta semana el hecho en Irapuato.
En el caso ocurrido en Sinaloa, base del cártel fundado por el preso capo Joaquín "el Chapo" Guzmán, los criminales dispararon contra casas y habitantes de una comunidad enclavada en una montaña donde narcotraficantes producen drogas y se ocultan de autoridades.
"Estamos entrando en una dinámica, ojalá sea circunstancial, en donde los eventos criminales se vuelven verdaderos traumatismos sociales", apuntó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Oliva dijo que era posible que los grupos delictivos rivales escalaran la violencia en sus peleas para poder dominar la venta de droga en momentos que el confinamiento supuso una menor demanda, pues muchos consumidores se quedaron sin trabajo.
En el ataque en Irapuato, los atacantes irrumpieron en el centro de rehabilitación, ordenaron a la treintena de personas que ahí se encontraban que se tiraran al suelo y les dispararon con armas largas, según la Policía local.
Cifras oficiales señalan que el número de homicidios a escala nacional aumentó los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo lapso de 2019, a pesar de que México comenzó medidas de confinamiento desde finales de marzo ante la propagación del COVID-19.
Entre enero y mayo fueron asesinadas 14.631 personas en el país, una cifra 3 por ciento mayor a los 14.169 homicidios ocurridos del mismo periodo de 2019, que cerró como el año con más muertes del que se tenga registro, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La suspensión de actividades no esenciales por la pandemia redujo la movilidad en muchas ciudades, pero los criminales siguieron con su ilícita operación, dijo a Xinhua el consultor en seguridad Samuel González.
"Si no abates la impunidad, la pandemia no genera el tema de inhibición por parte de los delincuentes", explicó González, quien es ex fiscal contra el crimen organizado.
La serie de hechos violentos ocurrió mientras México continúa lidiando con miles de nuevos casos y cientos de decesos reportados diario, además de una reanudación progresiva de actividades desde inicios de junio.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en varias ocasiones recientemente que la problemática de homicidios se concentra en algunas entidades del país, como Guanajuato, donde las organizaciones criminales pelean por dominar los ilícitos.
En un informe por el segundo aniversario de su victoria electoral en 2018, el miércoles, López Obrador afirmó que en su gobierno se ha podido mantener "sin aumentos sensibles" el homicidio, además de que ha reiterado que su estrategia contra la violencia se basa en atender sus causas sociales a diferencia de las medidas de sus antecesores.
"Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie", aseguró el presidente, en un mensaje en video, al día siguiente del atentado contra el jefe de la Policía de la capital.
Para González, el consultor en seguridad, un mayor trabajo de las autoridades para castigar a los delincuentes es el camino para reducir el número de muertes y los casos "alarmantes" que se han dado durante la pandemia.
"Tenemos un índice de delito muy alto en materia de homicidio (...) En el ultimo año y medio hay una estabilización, eso es verdad, pero no nos debe servir de consuelo porque no se trata de estabilizarlo sino de abatirlo", abundó el experto.
