América Latina perderá 8,5 millones de empleos formales por pandemia en próximos seis meses, prevé CEPAL

Actualizado 2020-07-03 05:10:43 | Spanish. xinhuanet. com

SANTIAGO, 2 jul (Xinhua) -- Unos 2,7 millones de empresas podrían cerrar en Latinoamérica a causa de la pandemia, lo que implicaría la pérdida de 8,5 millones de empleos formales en la región en los próximos seis meses, según un informe presentado hoy en Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La entidad aseguró este jueves que la crisis golpeará en demasía a sectores productivos con más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, de acuerdo con el cuarto estudio dedicado a la emergencia, titulado "Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación", por lo que propuso una serie de medidas de rescate en función del tamaño de las compañías.

La pandemia ha significado "una caída sincrónica en materia de crecimiento y comercio. Ha habido choques muy fuertes de oferta y demanda, suspensión de cadenas de producción, caída del comercio internacional, contracción de inversiones y suspensión de la actividad productiva interna", señaló en una videoconferencia la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En ese escenario, advirtió que el golpe a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico profundizará los problemas estructurales de la región, por lo que llamó a implementar "políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, (entre las que) existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región".

Bárcena puso especial énfasis en la gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas que serán tocadas por la crisis sanitaria y económica, principalmente el comercio y la industria hotelera, a causa de las cuarentenas aplicadas para disminuir la propagación del nuevo coronavirus, que a su vez ha cambiado los patrones de consumo y mermado la demanda interna.

El estudio identificó que una mayoría de las empresas de la región ha registrado importantes bajas en sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus finanzas, además de dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

Por esto, la CEPAL propuso cuatro conjuntos de medidas que involucran ampliar los plazos y alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento a las empresas.

También incluyen el cofinanciamiento de los salarios de las empresas durante seis meses según su tamaño (por un costo de 2,7 por ciento del PIB regional), la realización de transferencias directas a 15 millones de trabajadores autónomos (0,8 por ciento del PIB), y el apoyo a las grandes empresas de sectores estratégicos gravemente afectados por la crisis.

En particular, el organismo promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o un adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020. Además, la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.

De igual manera, plantea la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.

En el actual contexto, la Comisión pidió tener en cuenta que las grandes empresas proveen el 39 por ciento del empleo formal y son responsables de más del 90 por ciento de las exportaciones, por lo que la reactivación económica debe incluir mejores condiciones de acceso a créditos, recapitalizaciones, y un aumento de la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados capitales.

Estas propuestas complementan la ya anunciada entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70 por ciento de la línea de pobreza extrema regional.

Bárcena remarcó finalmente que la crisis de la COVID-19 resalta la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Por ello, son necesarias "políticas que permitan atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades", concluyó.

 
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América Latina perderá 8,5 millones de empleos formales por pandemia en próximos seis meses, prevé CEPAL

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-03 05:10:43

SANTIAGO, 2 jul (Xinhua) -- Unos 2,7 millones de empresas podrían cerrar en Latinoamérica a causa de la pandemia, lo que implicaría la pérdida de 8,5 millones de empleos formales en la región en los próximos seis meses, según un informe presentado hoy en Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La entidad aseguró este jueves que la crisis golpeará en demasía a sectores productivos con más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, de acuerdo con el cuarto estudio dedicado a la emergencia, titulado "Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación", por lo que propuso una serie de medidas de rescate en función del tamaño de las compañías.

La pandemia ha significado "una caída sincrónica en materia de crecimiento y comercio. Ha habido choques muy fuertes de oferta y demanda, suspensión de cadenas de producción, caída del comercio internacional, contracción de inversiones y suspensión de la actividad productiva interna", señaló en una videoconferencia la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En ese escenario, advirtió que el golpe a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico profundizará los problemas estructurales de la región, por lo que llamó a implementar "políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, (entre las que) existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región".

Bárcena puso especial énfasis en la gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas que serán tocadas por la crisis sanitaria y económica, principalmente el comercio y la industria hotelera, a causa de las cuarentenas aplicadas para disminuir la propagación del nuevo coronavirus, que a su vez ha cambiado los patrones de consumo y mermado la demanda interna.

El estudio identificó que una mayoría de las empresas de la región ha registrado importantes bajas en sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus finanzas, además de dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

Por esto, la CEPAL propuso cuatro conjuntos de medidas que involucran ampliar los plazos y alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento a las empresas.

También incluyen el cofinanciamiento de los salarios de las empresas durante seis meses según su tamaño (por un costo de 2,7 por ciento del PIB regional), la realización de transferencias directas a 15 millones de trabajadores autónomos (0,8 por ciento del PIB), y el apoyo a las grandes empresas de sectores estratégicos gravemente afectados por la crisis.

En particular, el organismo promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o un adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020. Además, la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.

De igual manera, plantea la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.

En el actual contexto, la Comisión pidió tener en cuenta que las grandes empresas proveen el 39 por ciento del empleo formal y son responsables de más del 90 por ciento de las exportaciones, por lo que la reactivación económica debe incluir mejores condiciones de acceso a créditos, recapitalizaciones, y un aumento de la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados capitales.

Estas propuestas complementan la ya anunciada entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70 por ciento de la línea de pobreza extrema regional.

Bárcena remarcó finalmente que la crisis de la COVID-19 resalta la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Por ello, son necesarias "políticas que permitan atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades", concluyó.

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