CARACAS, 12 dic (Xinhua) -- La presidenta de la Asociación Venezolana de Juristas, Gisela Jiménez Aranguren, denunció que, jurídicamente, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca a Venezuela, violan de modo sistemático los derechos humanos de la población de su país.
"Las medidas coercitivas unilaterales vienen a representar para el pueblo venezolano, en la cotidianidad de su vida, una alteración muy grande de todos los que son sus quehaceres, sus maneras y calidad de vida", relató a Xinhua la abogada venezolana.
La Asociación Venezolana de Juristas es una organización que pertenece a la Asociación Internacional de Juristas y tiene rango consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Jiménez, quien también fue senadora de la República, consideró que la Administración de Donald Trump "ha intentado por muchas vías atacar al pueblo venezolano" y lamentó que "todos los venezolanos de cualquier clase social, de cualquier tendencia política, esten muy afectados" ante dichas medidas.
Aseveró que la política exterior de EEUU hacia Venezuela ha facilitado una inflación inducida en su país y un consiguiente proceso de especulación en los precios, situación además agravada por la caída general de los precios del petróleo a nivel internacional
Precisó que contra su país se aplica un "bloqueo que ha impedido que la gente adquiera productos alimenticios, medicamentos, repuestos para vehículos o para maquinarias", generando daños a la vida cotidiana de millones de personas.
"Creemos que el impacto ha sido muy duro sobre la gente y que hoy el pueblo venezolano lo siente como un espiral que cada día viene agravando más su situación", dijo a Xinhua la también experta en derecho internacional humanitario.
Jiménez manifestó su coincidencia con el experto de la ONU Alfred Sayas, quien afirmó en el año 2017 que hay un delito de lesa humanidad contra su país que está contemplado y sancionado por el Estatuto de Roma en el Tribunal Penal Internacional.
Explicó que se trata de un delito de tal naturaleza porque las medidas están perjudicando a toda la población venezolana.
A su juicio, las fuerzas conservadoras internacionales lideradas por EEUU "desatan toda una contraofensiva de amplio espectro contra el país, entonces tenemos la guerra económica, la guerra psicológica, ideológica, mediática", entre otras formas de agresión.
Puntualizó que, a su entender, el objetivo final de las políticas aplicadas contra su país es "poder desestabilizar y derrotar por cualquier vía el proceso bolivariano que está en pleno desarrollo".
Dijo que, dentro de la Asociación Venezolana de Juristas se encuentran analizando permanentemente las implicaciones y efectos que tienen dichas medidas en la población y estimó que éstas generan "una situación bastante grave".
Indicó que, en la organización que lidera, estudian posibles acciones jurídicas que buscan "hacer respetar el derecho penal y el derecho internacional que está siendo violentado en sus principios".
Denunció los embargos que se han hecho sobre bienes que son propiedad del Estado venezolano, "como el caso de CITGO, como el dinero que está depositado en bancos internacionales que hoy el país no puede disponer de dichos fondos para cumplir con los compromisos que se tienen a nivel internacional".
"El efecto es tan grave que, por ejemplo, hemos tenido casos de niños que estaban siendo atendidos en hospitales italianos y argentinos por enfermedades que son tratadas en esos países. Sin embargo, estos niños han tenido que ser retirados de sus tratamientos y algunos de ellos han fallecido", lamentó Giménez.
En consecuencia, la ex representante de su país ante el Parlamento Latinoamericano, denunció que la aplicación de estas medidas "impiden el derecho a la salud que tienen estos niños y niñas que padecen enfermedades muy delicadas".
Denunció que distintos segmentos de la población padecen desde hace algunos años una limitación en el ejercicio de sus derechos al no conseguir medicamentos de alto costo porque, efectivamente, está imposibilitada la entrada al país de estos fármacos.
Reiteró que, las medidas de EEUU, desde el punto de vista jurídico, significan una violación permanente de los principios que consagra el derecho internacional, tales como la independencia, la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la soberanía.
La también especialista en derecho penal y criminología, lamentó la motivación política que tienen las medidas contra su país y exigió, en nombre de la organización que preside, "que se respete el derecho de los venezolanos y venezolanas a decidir libre y soberanamente su destino".
