RIO DE JANEIRO, 6 jun (Xinhua) -- La Corte Suprema brasileña autorizó hoy la venta de la Transportadora Asociada de Gas (TAG), empresa filial de la estatal Petrobras, al grupo francés Engie, por 8.600 millones de dólares, tras haber suspendido hace unas semanas la operación.
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Edison Fachin autorizó la operación menos de una hora después de que la Corte Suprema determinara este jueves que no se necesita la aprobación del Congreso para que las estatales brasileñas puedan vender sus filiales.
La millonaria operación, que forma parte del paquete de desinversiones de Petrobras, fue anunciada en abril, pero fue suspendida por la Justicia brasileña a la espera de que la Corte Suprema juzque si se necesita o no la aprobación del Congreso para la venta de las filiales de las empresas estatales.
TAG es una de las principales empresas subsidiarias de Petrobras, dedicada al transporte y almacenamiento de gas natural. Cuenta con una red de gasoductos en Brasil de 4.500 kilómetros y dispone de una capacidad para transportar 74 millones de metros cúbicos diarios.
La autorización de la operación se produjo después de que la Corte suprema permitiera que las filiales de las estatales puedan ser vendidas sin la autorización del Legislativo.
Según el Ministerio de Economía, Brasil tiene actualmente 134 empresas estatales, de las cuales 88 son subsidiarias. La petrolera estatal Petrobras, mayor empresa de Brasil, tiene 36 subsidiarias, mientras que la eléctrica Eletrobras tiene 30 y el Banco do Brasil, 16.
El resultado es importante para el gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene entre sus principales planes la privatización de empresas y activos estatales.
El año pasado, una decisión del juez de la Corte Suprema Ricardo Lewandowski prohibió que el gobierno vendiera estatales sin la autorización del Congreso.
Ello provocó que hace dos semanas el mismo tribunal suspendiera la venta de TAG, filial de Petrobras, un negocio valorado en 33.100 millones de reales (unos 8.500 millones de dólares).
El gobierno brasileño espera recaudar cerca de 80.000 millones de reales (20.510 millones de dólares) con la venta de activos y privatización de empresas estatales.
