El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de México, capital de México, el 9 de enero de 2019. El gobierno de México busca vías para ordenar el mercado local de combustibles entre protestas ciudadanas, debido a que las medidas para controlar el robo de gasolinas está limitando su abasto. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió el miércoles a la ciudadanía actuar con "serenidad y tranquilidad" ante las largas filas de los automovilistas que acuden a las gasolineras en varias ciudades del país, incluida la capital, para conseguir el combustible. (Xinhua/Str)
MEXICO, 9 ene (Xinhua) -- El gobierno de México busca vías para ordenar el mercado local de combustibles entre protestas ciudadanas, debido a que las medidas para controlar el robo de gasolinas está limitando su abasto.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy a la ciudadanía actuar con "serenidad y tranquilidad" ante las largas filas de los automovilistas que acuden a las gasolineras en varias ciudades del país, incluida la capital, para conseguir el combustible.
"En algunas gasolinerías van a haber colas (filas) pero si algunos vehículos tienen gasolina les pido que no vayan a buscar porque estamos en el proceso de normalizar el abasto", dijo el mandatario, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.
"Está cambiando la distribución y eso ha causado retrasos. Hay suficiente gasolina, pero no podemos utilizar los ductos porque se crearon redes alternas para el robo", agregó López Obrado en su habitual rueda de prensa matutina.
El presidente mexicano dijo que la demora en el suministro se debe al cierre de varios ductos que transportan combustibles desde refinerías y que son atacados por delincuentes, conocidos como "huachicoleros", una problemática que ha crecido en años recientes.
De acuerdo con expertos, el robo de combustibles se elevó en medio de un mayor precio de los hidrocarburos y en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos por parte de las organizaciones delictivas.
En este sentido, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) optó por repartir los combustibles mediante camiones tanque e hizo también un llamado a la población para no realizar "compras de pánico" debido a las especulaciones de insuficiencia de combustibles.
De acuerdo con Pemex, el plan conjunto para combatir el robo de combustibles le ha generado al gobierno ahorros por 2.500 millones de pesos (unos 130 millones de dólares) en las últimas tres semanas.
"Sería fácil abrir los ductos y decir que se normalizó, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar el robo. Vamos a resistir todas las presiones", sentenció el mandatario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Según cifras recientes del gobierno mexicano, en 2018 el robo de combustibles superó los 3.000 millones de dólares.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que existen algunas situaciones de "angustia" entre sus agremiados, sobre todo en los estados de Querétaro (centro), Guanajuato (centro) y Jalisco (oeste), debido a afectaciones que está dejando la falta de combustible en su planta productiva.
"No solo son los trabajadores en sus desplazamientos a los puestos de trabajo, sino también a la planta productiva, en particular a la del sector automotriz", explicó Castañón a la televisión local.
"Empieza a visualizarse un panorama que pudiera tener afectaciones económicas por la falta de combustibles para la generación de energía de las plantas, y si esto no se resuelve en el transcurso de esta semana tendremos problemas en lo sucesivo", adelantó.
No obstante, el líder empresarial respaldó la iniciativa del gobierno para combatir el robo de los combustibles, aunque solicitó a las autoridades hacerlo de una forma en la que el suministro no se vea afectado.
Castañón ilustró que en el caso de Jalisco, la entidad, altamente industrializada, requiere de 750 camiones tanque diarios para garantizar el abasto, y solo está recibiendo entre 150 y 200 camiones.
Aun así, Pemex reiteró que hay suficiente inventario de producto para satisfacer la demanda de la población en todo el país, por lo que la situación de carencia que se vive en algunas regiones es solo por un "ajuste logístico".
Por su parte, la ciudadanía está dividida entre los que respaldan la iniciativa del gobierno, que ha prometido combatir la corrupción en todos sus niveles, y los que se muestran molestos por las inusuales filas de hasta 60 vehículos en las estaciones de servicio para comprar combustible.
"Podría haber otras formas de combatir a los huachicoleros, a fin de cuentas la transportación de la gasolina por otra vía también es insegura", dijo Adriana López, una profesionista de 35 años, quien optó este miércoles por dejar estacionado su auto y usar el transporte público en la Ciudad de México.
"No se puede generar un desabasto de esta naturaleza, hay una especie de caos muy inusual en la vida cotidiana de las personas y esto podría tener un impacto incluso en los precios de otros artículos", dijo.
La autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció el miércoles la pertinencia de que el gobierno emprenda este tipo de acciones, pero hizo un llamado para prevenir que se vulneren los derechos de la ciudadanía y para que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
De acuerdo con la CNDH, se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o se vuelvan inoperantes por la falta de combustibles.
"Es preciso que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad", exhortó el organismo.
México, uno de los 15 principales productores de petróleo del mundo, importa alrededor de un 70 por ciento de las gasolinas que consume, un costo estimado por el nuevo gobierno mexicano de 740.000 millones de pesos (unos 38.480 millones de dólares).
