LIMA, 10 nov (Xinhua) -- El presidente peruano, Martín Vizcarra, calificó hoy a la corrupción como un mal endémico que ha acompañado a Perú durante toda su vida republicana, a poco de cumplir 200 años de su independencia.
Vizcarra exhortó a todos los peruanos a contribuir en este esfuerzo por erradicar este flagelo que en los últimos años ha sido causante de grandes escándalos en el sistema judicial, líderes políticos y empresarios.
"Es el momento que como peruanos y peruanas asumamos el compromiso de independizarnos del yugo de la corrupción", expresó el jefe de Estado durante el lanzamiento de las actividades del Bicentenario de la Independencia de Perú.
Las celebraciones de esta fecha tienen como punto central el Bicentenario de la Independencia que se cumplirá el 28 de julio de 2021, que contempla la realización de una serie de actividades culturales.
Según Vizcarra, uno de los puntos de la agenda Bicentenario de este país es que la sociedad peruana derrote definitivamente a la corrupción al que comparó como un pesado yugo sobre las espaldas de sus conciudadanos.
"Juntos vamos a ganar esta batalla", puntualizó el gobernante peruano, cuya gestión se ha empeñado en erradicar este flagelo, al que también comparó como una enfermedad "endémica".
Las declaraciones del presidente peruano aludieron al escándalo en el sistema judicial que fue destapado recientemente gracias a la difusión de unos audios que comprometen en delitos de tráfico de influencias a altos magistrados judiciales, congresistas y empresarios.
Actualmente, uno de los protagonistas de este escándalo, el ex magistrado supremo César Hinostroza Pariachi, se encuentra fugitivo en España, a donde huyó el pasado 7 de octubre pese a contar con un impedimento de salida del país.
También el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra fugitivo en Estados Unidos, después de evadir a la justicia por presuntamente recibir un soborno de 20 millones de dólares del consorcio brasileño Odebrecht.
La ex candidata presidencial Keiko Fujimori recientemente fue sometida a 36 meses prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, de alrededor de un millón de dólares entregado por Odebrecht para la campaña electoral de 2011.
