QUITO, 22 oct (Xinhua) -- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció hoy la destitución de varios funcionarios del sistema penitenciario y de operadores de vigilancia, tras confirmarse el sábado que el ex secretario de Comunicación del anterior gobierno, Fernando Alvarado, procesado por presunto peculado, se encuentra prófugo de la justicia.
Alvarado, se retiró el grillete electrónico que portaba desde agosto pasado como medida cautelar y huyó sin que hasta ahora se conozca su paradero, aunque las autoridades no tienen indicios de que haya salido del país.
"Se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de Rehabilitación Social (sistema penitenciario) del ex Ministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 (de vigilancia), que tenían a cargo el monitoreo del grillete electrónico", dijo el presidente en una declaración en el Palacio de Gobierno.
Agregó que se ha dispuesto al secretario Nacional de Gestión de la Política, Paul Granda, que interponga las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, para que se inicien las investigaciones "a todos los sospechosos de este delito".
Al menos 48 personas serían investigadas por la Fiscalía para determinar su participación en el caso, según dijo Granda a periodistas.
El mandatario se reunió hoy lunes con las autoridades de las distintas funciones del Estado en una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el caso Alvarado, y reafirmar su compromiso para luchar contra la corrupción, que es una prioridad del gobierno de Moreno.
"Hoy están aquí todas las autoridades que deben y pueden combatir la corrupción. Vamos a continuar enfrentando la corrupción, uniendo las atribuciones de cada instancia y la voluntad patriótica y honesta de todas las autoridades", señaló el mandatario, quien ha ofrecido aplicar una cirugía mayor a la corrupción.
En la cita, participó el controlador general del Estado, Pablo Celi, quien afirmó que tras este diálogo se generarán mecanismos de cooperación para un adecuado procesamiento de los delitos que afectan el interés social y los bienes públicos.
Además, expresó, a nombre de los representantes de las distintas funciones del Estado, el apoyo a los esfuerzos del gobierno para avanzar en un proceso definitivo de "saneamiento de conductas reñidas con la ética pública".
Celi, indicó que se acordó exhortar a la Fiscalía y a las distintas instancias de la Función Judicial para que, en el marco constitucional y legal vigentes, se establezcan "medidas cautelares más severas y suficientes" para garantizar que los procesos de juzgamiento concluyan con las necesarias sanciones a los responsables.
La Mesa Interinstitucional se reunirá cada 15 días para avaluar las acciones de combate a la corrupción.
A raíz de lo acontecido con Alvarado, el gobierno dispuso el domingo el traslado del ex vicepresidente Jorge Glas, condenado dentro de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de una cárcel especial en Quito a otra de máxima seguridad en la ciudad de Latacunga (centro).
El Ejecutivo alegó razones de seguridad para proceder al cambio de cárcel, mientras la defensa de Glas, atribuyó la decisión a una "maniobra política" del gobierno y lo responsabilizó de su integridad.
Este lunes, el ex vicepresidente se declaró en "huelga de hambre", según informó su abogado Eduardo Franco, quien señaló que adoptó tal medida debido a que "se encuentra en condiciones deplorables e infrahumanas" en el nuevo centro carcelario.
Glas, cumple prisión preventiva desde hace más de un año a la espera de que la justicia local ratifique la condena de seis años que se le impuso en diciembre de 2017, después de que la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos de los sectores estratégicos.
