QUIT0, 18 oct (Xinhua) -- La Fiscalía General de Ecuador informó hoy jueves que 13 personas fueron detenidas (siete militares y seis civiles) el miércoles en operativos contra el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y contra la delincuencia organizada, ejecutados en varias provincias ecuatorianas.
En una rueda de prensa, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, informó que se trataría de una organización dedicada al abastecimiento de armas de fuego a grupos disidentes que operan en la frontera norte con Colombia.
Entre estos grupos estaría el frente "Oliver Sinisterra", conformado por disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que lidera Walter Arizala, alias "Guacho".
Según la Fiscalía ecuatoriana, "Guacho" tendría, a su vez, un brazo operativo logístico de abastecimiento en el cantón ecuatoriano de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas (norte), fronteriza con Colombia.
Esta organización operaba con personal militar de servicio activo encargado de los rastrillos (bodegas de armamento, municiones y pertrechos) quienes proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares, indicó la Fiscalía.
El organismo agregó que el armamento era transportado en vehículos livianos y de transporte público, camuflándolo en productos comestibles hasta llegar a las zonas de frontera.
"Para cometer el acto ilícito se alteraban los registros de la base de datos del sistema de inventarios logísticos del Ejército ecuatoriano para justificar el faltante de armamento, municiones y pertrechos de sus rastrillos", detalló la Fiscalía.
Además, precisó que los integrantes de esta estructura delictiva "cumplen roles definidos".
En la audiencia de formulación de cargos realizada la madrugada de este jueves, un juez de la localidad de San Lorenzo dictó prisión preventiva para los siete militares en servicio activo y seis civiles, uno de ellos funcionario de la Comandancia del Ejército, implicados en este caso.
La Fiscalía procesó a las 13 personas por delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, delitos tipificados en el Código Penal del Ecuador.
La fiscal Palacios señaló que en la denominada operación "Camaleón", 17 fiscales allanaron 18 lugares, 13 domicilios y cinco recintos militares en las provincias de Loja, Guayas y Esmeraldas y la Comandancia General del Ejército en Quito.
Según el fiscal ecuatoriano a cargo del caso, Alvaro Gaybor, en la operación se detuvo a una mujer que responde al alias de "Sobeida", quien tendría relación directa con alias "Guacho".
"Se trata de una organización criminal con alias 'Sobeida' a la cabeza, quien se encargaba de obtener las municiones", apuntó Gaybor tras indicar que la mujer habría sido la intermediaria para la adquisición de armas.
Añadió que aún se está determinando la cantidad específica de las armas y municiones que habrían sido sustraídas de los destacamentos militares.
"Es un trabajo que debemos realizar junto con las Fuerzas Armadas del Ecuador", expuso Gaybor.
Por su parte, el Ejército de Ecuador lamentó el pasado miércoles la detención de varios militares involucrados en este caso y ofreció su colaboración en las investigaciones que realiza la Fiscalía.
El mismo miércoles, tras conocerse las detenciones, las Fuerzas Armadas entregaron información a las autoridades competentes sobre indicios de posible involucramiento de miembros de la institución en los hechos que se investigan, informó el Ejército de Ecuador en un comunicado.
Este jueves, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, advirtió que no permitirá que la narcoguerrilla contamine a las Fuerzas Armadas del país en relación a las detenciones de la operación "Camaleón".
"No permitiremos que la narcoguerrilla contamine a nuestras Fuerzas Armadas. Quienes estén involucrados en la supuesta venta de armas deberán responder a la Justicia", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.
"¡No habrá impunidad para aquellos que traicionan a la Patria!", agregó el presidente de Ecuador.
Posteriormente, en una declaración desde el Palacio de Gobierno en Quito, Moreno anunció que dispuso a los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del Interior, María Paula Romo, que intensifiquen las acciones para identificar a todos los involucrados en el tráfico de municiones.
Moreno dijo que todavía se desconoce si los detenidos también vendían armas y remarcó que Ecuador continuará siendo un país de paz.
Por su parte, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, denunció en una declaración ante la prensa local una presunta "infiltración de redes en las Fuerzas Armadas".
Indicó que la investigación que sigue la Fiscalía contra los militares detenidos "sólo se relaciona con munición (balas)" y señaló que "no hay armas" desaparecidas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Fin
