BRASILIA, 14 ago (Xinhua) -- El presidente de Brasil, Michel Temer, sancionó hoy la Ley General de Protección de Datos, la cual establece reglas para la recolección y tratamiento de información de individuos por empresas e instituciones públicas.
La ley entrará en vigor después de un periodo transitorio de 18 meses, plazo estipulado para que empresas y entidades puedan adaptarse a la nueva normativa.
La ley establece reglas para el tratamiento de datos "online" y "offline" (en línea y desconectado de internet) hecho tanto por personas jurídicas y físicas en el sector público como en el sector privado, excluido el uso de datos para fines periodísticos, artísticos, académicos, de seguridad pública y defensa nacional.
De aquí a un año y medio, cuando las reglas pasen a ser válidas, habrá la posibilidad de que los usuarios soliciten acceso a sus datos, además de pedir que informaciones sean corregidas o excluidas.
La información sensible, como posición política, opción religiosa y vida sexual, recibirá un tratamiento más riguroso.
El texto fu aprobado por el Senado el pasado 10 de julio, y anteriormente por la Cámara de Diputados, en mayo, por unanimidad.
Temer sancionó el texto con vetos a algunos puntos, en especial el referido a la creación de un órgano regulador denominado Autoridad Nacional de Protección de Datos.
Según la redacción aprobada en el Senado, esta institución será responsable de la edición de normas complementarias y por la fiscalización de las obligaciones previstas en la ley.
El presidente justificó el veto por un problema jurídico, ya que la creación del órgano regulador corresponde a una iniciativa del Poder Ejecutivo, y no por medio de la ley aprobada por el Congreso.
Temer y ministros presentes en la ceremonia informaron que la creación del órgano regulador será mediante un proyecto de ley específico enviado al Congreso, pero no descartaron la posibilidad de un decreto.
El presidente también parte de las sanciones previstas en el texto, como la suspensión del funcionamiento de bancos de datos o de la actividad de tratamiento, además de algunos dispositivos relacionados al tratamiento de datos por el Poder Público, como requisitos para el uso compartido de informaciones de ciudadanos.
Los vetos fueron solicitados por el Banco Central, Contraloría General de la Unión y los ministerios de Planificación, Hacienda, Seguridad Pública, Justicia y Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones. Fin
