Por César Mariño García
BOGOTA, 10 ago (Xinhua) -- El 10 de agosto, cinco madres de Soacha, aquellas que en Colombia son reconocidas por padecer la tragedia de los "falsos positivos", tuvieron la oportunidad de acercarse un paso más hacia la verdad de lo ocurrido con sus hijos asesinados por las fuerzas militares del país andino.
Durante una extensa audiencia realizada en los salones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz entre el anterior gobierno colombiano y la ahora ya extinta guerrilla de las FARC, las madres de las víctimas tuvieron un primer encuentro con los responsables.
Fueron 14 militares adscritos a la brigada número 15 del Ejército colombiano, quienes pagan condenas, algunas superiores a los 40 años de prisión, los que se acogieron a la justicia transicional firmando oficialmente acta de sometimiento y de régimen de condicionalidad ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la justicia de paz.
El sometimiento supone que los militares sean sujetos de beneficios en sus condenas si llegan a ofrecer una colaboración veraz y eficiente en el esclarecimiento de los hechos ocurridos entre los meses de enero y agosto de 2008.
Tras las siete horas de audiencia, las madres ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación en las que dejaron ver tanto la incertidumbre como la esperanza que se presentan ahora que sus casos son estudiados por el nuevo mecanismo de justicia.
Diego Alberto Tamayo Garcerá, un joven nacido en la localidad de Soacha, al sur de Bogotá, fue reclutado junto a dos jóvenes más por oficiales del Ejército quienes los atrajeron con falsas promesas de trabajo. Tras horas de trayecto por tierra fueron trasladados hacia la ciudad de Ocaña en el departamento del Norte de Santander.
Allí, a más de 600 kilómetros de su hogar, los tres jóvenes fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
Aunque Idalí Garcerá, la madre de Diego, conoce estos pormenores, aún guarda la esperanza de enterarse de quiénes fueron exactamente los mandos altos que diseñaron y ordenaron el homicidio de su hijo.
"Desde que empezaron las audiencias en 2009, llevamos prácticamente diez años esperando que se haga justicia. En todos esos años nunca tuvimos esta oportunidad de hablar, de decir, aunque sea una palabra", dijo a Xinhua resaltando el beneficio que trae para ella el nuevo mecanismo de justicia.
"En las anteriores audiencias no nos daban la oportunidad de expresarnos, se siente más humanidad en este nuevo proceso, esperamos que continué de esta manera", aseguró.
"Ahora, que ellos se acogen a la JEP tendremos la oportunidad de saber toda la verdad. Necesitamos justicia plena, reparación y la garantía de que estos casos no vuelvan a repetirse", agregó entre sollozos.
A su lado, Luz Edilia Palacios, madre de Jader Andrés Palacios Bustamante, asesinado en iguales circunstancias que Diego Alberto, desenfunda la humildad de su perdón y celebra también el inicio de estas nuevas audiencias.
"A mí como madre, también me da tristeza porque ellos (los soldados implicados) están detenidos y la cárcel no se le desea a nadie. Pero ya que comenzamos este proceso, confiamos en que cumplan la palabra que empeñaron en este recinto", dijo a Xinhua Luz Edilia.
La mujer reiteró que "han sido diez años muy duros, las madres estamos enfermas, hemos luchado mucho y lo que queremos es que ellos cuenten toda la verdad. No nos sanaremos del todo, pero sentiremos el alivio que trae consigo la verdad".
"Lo que queremos escuchar es quién les dio esas órdenes, en este caso tiene que haber un patrón, quizás ellos no tienen la culpa, pero ahí tiene que haber un patrón que ordenó que mataran a nuestros hijos", sostuvo.
Aunque los años han traído el cansancio de la búsqueda infructuosa, las madres de Soacha a través de un colectivo les han hecho frente a los constantes aplazamientos con que la justicia ordinaria ha dilatado el proceso de juzgamiento de los autores.
Y entre ellas también existen las diferencias de opinión, algunas se resisten a que los asesinatos de sus hijos sean parte de una justicia diseñada para tratar crímenes surgidos en medio del conflicto armado dado que sus hijos no hacían parte de ningún grupo en la contienda bélica.
Para Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común, también en Ocaña, seis meses después de su desaparición el 2 de marzo de 2008, sostiene que con el acogimiento de los victimarios a la JEP se abre un camino de injusticia.
"Esto le da paso a la impunidad porque si una persona ya está pagando una condena y ya ha estado cinco años en prisión, va a quedar en libertad y nada nos garantizará que nos está contando la verdad", aseguró a Xinhua, al manifestar su desconfianza hacia el nuevo mecanismo.
También aseguró que preferiría que los asesinos de su hijo sean condenados por la justicia ordinaria, aunque por este medio la verdad tarde mucho más en llegar.
"Ellos sacaron a mi hijo de la casa, lo asesinaron y además nos revictimizaron asegurando que era un guerrillero. El mismo presidente de la época lo aseguró en los medios de comunicación. Mi hijo desapareció de mi casa el 2 de marzo y el 3 ya lo habían asesinado, tuvo un solo día para ser subversivo", agregó con ironía.
"Yo soy una madre sedienta de justicia, siempre lo he dicho y lo que yo quiero es que los que mataron a mi hijo paguen con cárcel ese delito", concluyó.
Durante la audiencia las madres de Soacha dejaron en claro, a través de sus abogados, que esperan que en el proceso con la JEP se vean prontos resultados y exigieron hechos concretos que reparen su dignidad.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, 2.159 miembros de la Fuerza Pública han suscrito acta de sometimiento ante la JEP, de los cuales 2.109 son integrantes del Ejército Nacional de Colombia.
