QUITO, 14 jun (Xinhua) -- La Asamblea Nacional (AN) de Ecuador (Congreso unicameral) declaró hoy improcedente la petición de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para autorizar el enjuiciamiento penal del ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el caso del presunto intento de secuestro a un político opositor ocurrido en 2012.
En una breve y accidentada sesión, el pleno de la Asamblea aprobó este jueves con 83 votos a favor una resolución que "declara improcedente" el pedido realizado el pasado 11 de junio por la jueza de la CNJ, Daniela Camacho, y decidió "devolver el pedido a la Corte" para que continúe con el proceso legal.
La resolución obtuvo, además, dos votos negativos y 13 abstenciones de un total de 98 asambleístas presentes en la sesión legislativa.
La resolución fue aprobada con el argumento de que no compete a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento penal de un ex presidente.
Según la Asamblea Nacional, en este caso no aplica lo previsto en el artículo 120 de la Constitución, que establece como su atribución autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente, cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente.
Sin embargo, no señala que se deba cumplir este requisito en caso de ex mandatarios.
Correa, quien asumió su primer mandato en 2007, dejó de ser presidente el 24 de mayo de 2017.
La solicitud de la jueza de la CNJ se produjo después de que el fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, pidió a la justicia local vincular al ex presidente Correa en una indagación sobre el supuesto intento de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012.
Balda, ex legislador ecuatoriano por el opositor Partido Sociedad Patriótica y activista político, se refugió en Colombia por considerarse perseguido político de Correa.
El ex legislador alega que cuando estuvo en Bogotá cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil; sin embargo, la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el intento de secuestro.
El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 a solicitud de Ecuador, ya que estaba condenado a dos años de cárcel por injurias contra el gobierno de Correa.
Además, existía una orden de prisión preventiva contra Balda por atentar contra la seguridad interna del Estado.
El debate para resolver la solicitud de la Corte se desarrolló en un medio de un ambiente álgido al interior del plenario legislativo, y una protesta de decenas de seguidores de Correa, quienes se concentraron en las afueras de la Asamblea Nacional en señal de respaldo.
Legisladores afines al ex presidente, como Doris Soliz, ex dirigente del movimiento oficialista Alianza PAIS, denunciaron que varios colegas suyos y simpatizantes fueron agredidos por la policía que implementó un cordón de seguridad en el lugar.
En su cuenta en la red social Twitter, el ex presidente Correa condenó el hecho.
Correa, quien tras dejar el poder se radicó en Bélgica, ha rechazado cualquier vinculación en el caso del presunto intento de secuestro de Balda.
El pasado 24 de mayo, el ex mandatario descartó participación alguna en una declaración judicial que rindió mediante videoconferencia ante la Fiscalía ecuatoriana.
A su juicio, su vinculación en el caso es "inconstitucional", ya que "no tiene ninguna fundamentación" y obedece a "una persecución política".
Por su parte, el fiscal general alegó esta semana que la vinculación de Correa en el caso es "absolutamente constitucional y legal", ya que "en las últimas semanas se obtuvieron suficientes elementos para solicitar la vinculación del ex presidente".
"Declaraciones de ex funcionarios señalan de dónde provinieron las órdenes para el cometimiento del presunto delito de secuestro en el caso Balda", declaró Paúl Pérez.
