RÍO DE JANEIRO, 23 feb (Xinhua) -- El Ejército brasileño empezó a fotografiar individualmente a todos los habitantes de las tres favelas de la zona oeste, en las que las Fuerzas Armadas y la Policía realizaron hoy una gran operación para detectar si la persona tiene antecedentes criminales o no, una medida que ya ha levantado duras críticas.
A primera hora de la mañana, más de 3.200 militares, junto con agentes de la Policía Militarizada, Federal y Civil de Río de Janeiro, rodearon las favelas de Vila Kennedy, Coreia y Vila Aliança, en la zona norte de la ciudad, en una nueva operación contra el narcotráfico y el crimen organizado, según medios locales.
Todos los vecinos que entraban o salían de la favela eran registrados y fotografiados por los militares de forma individual, lo que provocó varias colas para entrar en las barriadas.
Tanto la foto como el documento de identificación de los vecinos son enviados por una aplicación a un sector de inteligencia del Ejército, que chequea si la persona en cuestión tiene antecedentes criminales o no.
Según denunció la Defensoría Pública de Río de Janeiro, no hay amparo legal para fotografiar a los vecinos, y la medida trata a todos los habitantes de la barriada como sospechosos.
"Están realizando este procedimiento de manera generalizada. Se está haciendo en todo y cualquier habitante. El Código de Proceso Penal define que estas personas que sean abordadas deben tener una sospecha fundamentada, lo que exige elementos objetivos en los cuales estos agentes deben apoyarse. Y esto no sucede. Lo que vemos es que la comunidad como un todo es tratada como sospechosa", denunció ante la prensa la defensora Pública Lívia Casseres, del Núcleo de Derechos Humanos.
Por su parte, el jefe de Comunicación Social del Comando Militar del Este, Carlos Frederico Cinelli, aseguró que el mismo procedimiento ya se realizó otras veces, sin especificar cuáles, y que el método tiene amparo en un decreto de la Garantía de la Ley y Orden que el presidente Michel Temer firmó en junio del año pasado.
La gran operación de este viernes llega tras aprobar esta semana el Congreso la intervención militar en el estado de Río de Janeiro, el más turístico del país, como medida para acabar con la ola de violencia y criminalidad en la región.
La medida ha provocado muchas quejas de movimientos sociales y entidades en favor de los derechos humanos, que cuestionan su validez y legalidad.
El jueves, el presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) de Río de Janeiro, Felipe Santa Cruz, aseguró que una comisión de miembros de la entidad acompañará el trabajo de los militares en la ciudad, y que no acepta "la idea de criminalizar la pobreza de la ciudad". También se quejó de que una intervención "montada a las prisas necesita tener un contenido".
El decreto firmado por el presidente Michel Temer el viernes pasado nombró al general Walter Souza Braga Netto como interventor federal en el estado hasta diciembre. La próxima semana, el militar va a anunciar a los comandantes de las policías de Río.
La operación de hoy busca detener a los sospechosos de matar esta semana a un sargento del Ejército y un subcomandante de Policía Militarizada en la región. Fin
