MADRID, 9 nov (Xinhua) -- El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, dictó hoy prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros (174.637 dólares) para la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
La resolución del juez se dio pese a que la Fiscalía solicitó prisión incondicional para Forcadell y para otros tres miembros de la Mesa de la Cámara, los ex vicepresidentes primeros Lluís Corominas y Lluís Guinó, y la secretaria primera, Anna Simó.
Además, para estos tres miembros de la Mesa de la Cámara, el juez ordenó la libertad bajo fianza de 25.000 euros (29.100 dólares) que deberán consignar en el juzgado en el plazo de una semana.
Esa misma medida se aplicará a Ramona Barrufet, secretaria cuarta de la Mesa, mientras que a Joan Josep Nuet, el único que no avaló con su voto la inclusión de la Independencia Unilateral en el orden del día del Pleno del Parlamento catalán, el magistrado lo puso en libertad sin ninguna medida cautelar.
Forcadell saldrá este jueves del Tribunal Supremo en dirección a la prisión que se determine y, en tanto no pueda consignar en la cuenta del tribunal la fianza, no podrá abandonar la cárcel, con toda probabilidad la de Alcalá de Henares, Madrid.
Una vez que ingrese la fianza, la presidenta del Parlamento de Cataluña deberá entregar su pasaporte y presentarse semanalmente en el juzgado de su conveniencia y tendrá prohibida la salida del territorio nacional, el mismo régimen que tendrán los otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara sometidos a medidas cautelares.
La Fiscalía solicitó la prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó y propuso prisión con fianza para Barrufet por ser la querellada que más claramente se pronunció sobre el proceso independentista.
Barrufet reconoció hoy ante el juez que el referendo celebrado el 1 de octubre no tuvo validez ni garantías, rechazó la declaración de independencia adoptada de manera unilateral y expresó su claro acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En sus declaraciones previas, Forcadell, Corominas, Guinó y Simó acataron la aplicación del artículo 155 en Cataluña y admitieron que la declaración de independencia del 27 de octubre no tenía efectos jurídicos, sino un carácter simbólico.
Esa actitud contrasta con la de los ex consejeros del gobierno catalán, quienes fueron enviados a prisión preventiva sin fianza tras negarse a contestar a la juez Carmen Lamela.
