BRASILIA, 2 ago (Xinhua) -- Un nuevo capítulo de la crisis política brasileña se define hoy miércoles en la Cámara de Diputados, que deberá decidir si autoriza o niega el pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) para que el Supremo Tribunal Federal (STF) procese por corrupción pasiva al presidente Michel Temer.
De acuerdo con la legislación brasileña, para que sea abierto un proceso criminal contra el presidente es necesaria la autorización previa de la Cámara de Diputados, en la que son necesarios al menos dos tercios de los votos, es decir, 342 de 513 diputados.
El caso estalló en mayo pasado, un año después de que Temer asumiera en forma provisoria la presidencia en reemplazo de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), quien sería destituida por el Senado a fines de agosto anterior acusada de irregularidades en el área fiscal.
Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue denunciado por presunta corrupción pasiva con base en la delación premiada de directivos del grupo JBS en el marco de la operación "Lava Jato" (lavadero).
Se trata de la primera vez que un presidente de Brasil es denunciado ante el Supremo Tribunal por crimen común cometido en el ejercicio del cargo.
El fiscal general, Rodrigo Janot, acusó a Temer de haber negociado sobornos con el empresario Joesley Batista a cambio de conceder beneficios en el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Junto con Temer, fue acusado su asesor especial, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures, quien se encuentra preso tras haber sido filmado en abril al recibir una maleta con 500.000 reales (160.000 dólares), que serían producto de sobornos destinados supuestamente a Temer.
En su encuentro con un directivo del grupo, Rocha Loures tuvo además la promesa de recibir, presuntamente con destino al presidente Temer y a sus colaboradores más cercanos, un soborno de 400.000 reales mensuales (120.000 dólares) por un plazo de 20 años.
Según la PGR, el dinero recibido por Loures estaba destinado a Temer y fue parte de un soborno pagado por JBS para ser favorecida en el CADE.
Para Janot, la conexión Rocha Loures con Michel Temer se atestigua en una conversación grabada en marzo, en la que el presidente recomienda a Joesley Batista tratar esos asuntos con su asesor especial.
El delito de corrupción pasiva es definido en el Código Penal como el acto de "solicitar o recibir, para sí mismos u otros, directa o indirectamente, aunque fuera de la función o antes de asumirla, ventaja indebida, o promesa de obtener tales ventajas".
Si el acusado es declarado culpable, cabe una pena de entre 2 y 12 años de prisión y multa.
La votación en la cámara baja ocurre cuando el mandatario cuenta con apenas 5 por ciento de apoyo popular, de acuerdo a los últimos sondeos.
A pesar de la impopularidad del gobierno, las manifestaciones en las calles para pedir el procesamiento y la salida de Temer fueron escasas.
En caso de que la Cámara de Diputados lo autorice, el proceso contra Temer volverá al Supremo Tribunal, donde sus 11 integrantes deberán a su vez decidir si el presidente se convierte en reo, lo que lo apartaría del cargo por 180 días, asumiendo de manera interina el presidente del órgano legislativo, Rodrigo Maia.
La crisis política brasileña ocurre en el contexto de una profunda crisis económica, después de dos años de caída del Producto Interno Bruto (PIB): 3,8 por ciento en 2015 y 3,6 por ciento en 2016.
Cuando estalló el escándalo de los sobornos de JBS en mayo anterior, el gobierno afirmaba que la economía daba señales de iniciar una recuperación, pero los números a partir de entonces mostraron que el estancamiento continúa.
Los principales medios de comunicación brasileños apoyan las reformas impulsadas por el gobierno de Temer, como la laboral y la previsional, pero sostienen que la denuncia contra el mandatario es grave y que la Cámara de Diputados debe autorizar el proceso en su contra por el STF.
Para conseguir los votos necesarios y rechazar la denuncia, el gobierno negoció en los últimos días con diversos grupos de parlamentarios la liberación de fondos y el perdón de deudas fiscales a determinados sectores económicos, como grandes productores agrícolas.
