QUITO, 22 abr (Xinhua) -- La jueza de la Unidad de Flagrancias de Quito, Daniela Mayorga, ordenó hoy la prisión preventiva del ex ministro ecuatoriano de Electricidad, Alecksey Mosquera, por el presunto lavado de dinero en el caso de pago de sobornos del grupo brasileño Odebrecht en Ecuador.
La medida adoptada por Mayoraga fue dada a conocer en rueda de prensa por el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
El ex ministro fue detenido la noche del viernes, al igual que el empresario Marcelo E., representante de la empresa Tokyo Travel, también implicado en el caso de sobornos de la constructora brasileña para beneficiarse con contratos y para quien se dispuso arresto domiciliario, debido a que tiene 70 años de edad.
Sobre los dos imputados, rige además la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos en sus cuentas bancarias.
Chiriboga dijo que la justicia ordenó la prisión preventiva de ambos por 90 días tras la audiencia de formulación de cargos celebrada este sábado.
En la diligencia, la Fiscalía presentó como un "elemento de convicción" la información obtenida de la Asistencia Penal de España que Ecuador solicitó el pasado 4 de enero y que fue respondida el pasado 5 de abril.
El fiscal indicó que dicha asistencia incluye la declaración de Rodrigo Tacla, ex abogado de la constructora Odebrecht.
Según Tacla, Odebrecht pagó al ex ministro ecuatoriano un millón de dólares para agilizar trámites para la firma del contrato de construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, explicó el fiscal Chiriboga.
Dicho contrato fue firmado en 2007 y terminado, por incumplimiento de plazos, el año pasado.
Añadió que los hechos que se investigan son a partir del 25 de febrero de 2011, cuando el ex ministro ya no ejercía un cargo público.
Las investigaciones refieren que parte del dinero, unos 80.000 dólares, fue recibido por el empresario Marcelo E. través de empresas en el extranjero.
Estos son los dos primeros procesados en el caso Odebrecht, sobre el cual la Fiscalía de Ecuador inició en diciembre pasado una investigación de oficio, luego de que se conociera un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El documento mostró que Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y Africa, incluidos Brasil y Ecuador.
En el caso de Ecuador, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pagaron 33,5 millones de 2007 a 2016 para recibir beneficios en contratos equivalentes a unos 116 millones de dólares.
La Fiscalía de Ecuador pidió asistencia penal internacional a Estados Unidos, Suecia y Brasil, con la finalidad de contar con todos los datos posibles sobre este caso.
La Fiscalía General y la Procuraduría del Estado mantienen conversaciones con Odebrecht para obtener la lista de funcionarios que fueron sobornados con el fin de sancionarlos, sin embargo hasta ahora no han prosperado los diálogos para llegar a un acuerdo entre las partes.
