Río de Janeiro, 20 mar (Xinhua)- Varios países anunciaron hoy que restringirán, de forma temporal, la entrada de carne brasileña en su territorio tras la denominada operación Carne Débil, en la que fueron descubiertas fiscalizaciones irregulares en varios frigoríficos de Brasil.
La Unión Europea pidió que Brasil suspenda las exportaciones de las empresas involucradas en la adulteración de la carne. Corea del Sur prohibió los pollos de la empresa BRF y Chile suspendió por el momento la importación de carne brasileña.
El Gobierno brasileño teme el impacto que las restricciones puede tener en la economía nacional y trabaja para que apenas sean prohibidas las carnes de las 21 unidades investigadas en la operación, y no todas las exportadoras de carne.
Según el presidente Michel Temer, 6 de las 21 unidades sospechosas de fraudes exportaron carne en los últimos 60 días. Entre las investigadas, 5 compañías ya fueron suspendidas, por lo que no pueden vender ni en el mercado interno ni en el exterior.
Según la Policía Federal, fiscales del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) recibían propina para liberar licencias sin realizar la fiscalización adecuada en los frigoríficos.
Las primeras investigaciones apuntan a que se usaban productos químicos para quitar el olor de la carne caduca, y que se inyectaba agua para aumentar el peso de las carnes, que eran vendidas tanto en Brasil como en el exterior.
Entre las empresas investigadas hay las multinacionales JBS y BRF, dueñas de marcas como Seara, Perdigão y Friboi.
Por el momento, las empresas aseguraron que están colaborando con las investigaciones y negaron cualquier adulteración en los productos.
Según la policía, parte del dinero logrado con la venta de carne adulterada iba a los cofres del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el del presidente Michel Temer, y el Partido Progresista (PP).
La operación contó con 309 mandatos, entre órdenes de prisión, búsqueda y aprensión y conducción coercitiva.
El caso se conoció tras la denuncia de un fiscal federal agropecuario, que tras descubrir el caso, fue apartado en 2014 por la Superintendencia Federal de Agricultura del estado de Paraná (sur del país).
El ministrio de Agricultura apartó de sus puestos a 33 fiscales, mientras que fueron detenidos de forma preventiva una veintena de directivos de empresas y fiscales del área de vigilancia sanitaria.
